El tráfico de plazas laborales en el gobierno del estado es un negocio lucrativo que aumenta sexenio tras sexenio.
En la administración estatal de 2010 a 2016 fueron detectadas 300 bases entregadas de forma irregular al final ese gobierno y en la administración que acaba de fenecer, la cifra puede alcanzar hasta las mil 700, esto a pesar de ser un delito penado por ley.
Durante su primera conferencia de presa en Palacio de Gobierno, @salomonj dijo que no se cumplió con el acuerdo suscrito con el gobierno anterior de no otorgar más plazas de base, por lo que estas situaciones se van a revisar. https://t.co/JwTw0vjdOV
— Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) December 6, 2022
La Secretaría de Administración tiene pleno conocimiento del ilícito y, sin embargo, poco hace por investigar y sancionar a los servidores públicos que participan en la comisión de esta actividad ilegal.
Así se exhibe con el caso de Pablo Carlos Cortés Escobar y Javier Ranulfo Zárate Guevara, presuntos servidores públicos del Instituto de Cultura Física y Deporte; y Oscar Uriel González Cisneros, María Fernanda Martínez Hernández, Lucía Adriana García y Ricardo Hernández, quienes laboran o laboraban en la Secretaría de Administración y fueron denunciados por ofertar plazas en 275 mil y 300 mil pesos.
En el expediente abierto por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, número de expediente DQDI-B/208/04/2022, se registra que los inculpados ofrecían sus servicios de “gestión” para la obtención de plazas en plena Ciudad Administrativa y solo admitían pagos en efectivo.
Las plazas asignadas al final del sexenio tienen características bien definidas: se asignan a personal de confianza, contrato o contrato confianza o cualquier otra persona que la compre, sin que cumplan con la normatividad institucional, en especial, que cada plaza tenga identificada su cobertura presupuestal, e incluye muchas veces a secretarias, choferes, jefes de diversas áreas o familiares y amigos de funcionarios públicos.
El artículo 240 Ter del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca establece: Se impondrá pena de tres a siete años de prisión y multa de cien a quinientas veces el salario mínimo, a quien obtenga un lucro o beneficio económico, prometiendo falsamente otorgar u obtener para otra persona un empleo, trabajo, cargo, plaza, comisión o nombramiento en el sector público o privado, o una concesión, autorización, permiso, licencia, contrato o trámite respecto de un servicio público.
Si el sujeto activo es servidor público, se aumentará en una mitad los mínimos y máximos de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ejercer otro por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Aunque evidentemente es letra muerta.
