Tráfico ilegal de plazas laborales en Oaxaca se quintuplicó en 2022 | NVI Noticias Pasar al contenido principal
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Tráfico ilegal de plazas laborales en Oaxaca se quintuplicó en 2022

Luis Ignacio Velásquez

El tráfico de plazas laborales en el gobierno del estado es un negocio lucrativo que aumenta sexenio tras sexenio.

En la administración estatal de 2010 a 2016 fueron detectadas 300 bases entregadas de forma irregular al final ese gobierno y en la administración que acaba de fenecer, la cifra puede alcanzar hasta las mil 700, esto a pesar de ser un delito penado por ley.

La Secretaría de Administración tiene pleno conocimiento del ilícito y, sin embargo, poco hace por investigar y sancionar a los servidores públicos que participan en la comisión de esta actividad ilegal.

Así se exhibe con el caso de Pablo Carlos Cortés Escobar y Javier Ranulfo Zárate Guevara, presuntos servidores públicos del Instituto de Cultura Física y Deporte; y Oscar Uriel González Cisneros, María Fernanda Martínez Hernández, Lucía Adriana García y Ricardo Hernández, quienes laboran o laboraban en la Secretaría de Administración y fueron denunciados por ofertar plazas en 275 mil y 300 mil pesos.

En el expediente abierto por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, número de expediente DQDI-B/208/04/2022, se registra que los inculpados ofrecían sus servicios de “gestión” para la obtención de plazas en plena Ciudad Administrativa y solo admitían pagos en efectivo.

Las plazas asignadas al final del sexenio tienen características bien definidas: se asignan a personal de confianza, contrato o contrato confianza o cualquier otra persona que la compre, sin que cumplan con la normatividad institucional, en especial, que cada plaza tenga identificada su cobertura presupuestal, e incluye muchas veces a secretarias, choferes, jefes de diversas áreas o familiares y amigos de funcionarios públicos.

El artículo 240 Ter del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca establece: Se impondrá pena de tres a siete años de prisión y multa de cien a quinientas veces el salario mínimo, a quien obtenga un lucro o beneficio económico, prometiendo falsamente otorgar u obtener para otra persona un empleo, trabajo, cargo, plaza, comisión o nombramiento en el sector público o privado, o una concesión, autorización, permiso, licencia, contrato o trámite respecto de un servicio público.

Si el sujeto activo es servidor público, se aumentará en una mitad los mínimos y máximos de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ejercer otro por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

Aunque evidentemente es letra muerta.