Con el dolor a flor de piel y una profunda indignación ante el nulo avance de las investigaciones, la familia del joven Erik Jair Pérez Limón alzó la voz al cumplirse el primer aniversario de su desaparición forzada, ocurrida el 23 de junio de 2025. En una conferencia de prensa marcada por el hartazgo, denunciaron que las instituciones de procuración de justicia en el estado únicamente administran el sufrimiento de las víctimas indirectas, sumiéndolas en una parálisis de más de cinco meses sin actualizaciones en la carpeta de investigación.
Durante el encuentro con medios de comunicación, Ivonne Pérez Limón, hermana del joven desaparecido, leyó un pronunciamiento donde dejó en claro el calvario que ha significado lidiar con la Vicefiscalía de Atención a Víctimas y la inoperancia de sus agentes. Ante la falta de resultados por la vía institucional, la familia decidió romper el silencio legal y difundir masivamente el rostro y nombre de Gaspar C. E., identificado como el suegro de la víctima, quien actualmente cuenta con una orden de aprehensión vigente por desaparición forzada pero continúa prófugo de la justicia.
"El dolor se amplifica cuando las instituciones de investigación te niegan la verdad y la justicia. Solo administran el dolor de las familias de los desaparecidos (...) Estoy aquí a sabiendas que mi vida está en riesgo por persistir un poco más en la lucha, pero el dolor y el coraje se vuelven un motor para seguir exigiendo el regreso de Erik", manifestó Ivonne Pérez Limón con profunda entereza.
Negligencia institucional y un principal sospechoso en la impunidad
De acuerdo con los datos aportados por los representantes legales y la familia, Gaspar C. E. es originario de San Juan Juquila Mixes, señalado localmente por su carácter violento y presuntos nexos con la extorsión y el tráfico de personas; además, se presume que podría haber huido hacia los Estados Unidos, por lo que urgieron la intervención de la Interpol. Los voceros explicaron que este sujeto fue la última persona que tuvo comunicación con el joven tras citarlo bajo el argumento de estar inconforme con la relación sentimental que mantenía con su hija. Presumiblemente, esa misma noche lo trasladó hacia la zona Mixe, donde posteriormente se localizó el taxi en el que Erik Jair se desplazaba.
La defensa del caso fustigó que las deficiencias y retrasos de los propios subordinados de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) otorgaron una ventaja de dos meses para que el principal sospechoso pudiera escapar. Asimismo, lamentaron que pese a la existencia de acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el gobierno estatal ha ignorado dichas recomendaciones internacionales.
"No había actos recientes de investigación que den con su paradero. Sobre él ya hay una orden de aprehensión por desaparición forzada que no se ha ejecutado (...) Queremos que a Gaspar se le arrebate la paz y que sepa que lo estamos buscando y que no descansaremos hasta encontrarlo", sentenció la hermana de la víctima al solicitar la colaboración total de la ciudadanía para reportar cualquier información al 911.
Finalmente, los denunciantes lamentaron que tres implicados —entre ellos policías municipales— que habían sido detenidos originalmente por una carpeta previa de lesiones y amenazas de muerte contra Erik, fueran puestos en libertad condicional el pasado mes de febrero. Ante la desconfianza generalizada hacia el personal de la Vicefiscalía de Atención a Víctimas, la familia solicitó una reunión urgente con el Fiscal General, Bernardo Rodríguez Alamilla, con el fin de exigir el cambio de Ministerio Público y recordarle que empeñó su palabra para resolver un crimen que, hasta el día de hoy, mantiene una herida abierta en la sociedad oaxaqueña.
