Octavio Vélez Ascencio
Después de la reforma al artículo dos de la Constitución Política federal, en su apartado C, la principal prioridad del Estado mexicano es dar a conocer y hacer valer el reconocimiento de manera explícita de la totalidad de los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, así como de sus integrantes.
De acuerdo con una ficha técnica elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los pueblos y comunidades afromexicanas, que se concentran principalmente en Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Veracruz, formaban un grupo históricamente invisibilizado hasta hace poco en la propia Constitución Política federal y en los censos demográficos.
Con el Censo de Población y Vivienda 2020, se pudo identificar a la población afromexicana o afrodescendiente en México, en poco menos de 2.58 millones de personas, es decir, dos por ciento del total de la población.
De ellas, 50.4 por ciento son mujeres (1.30 millones) y 49.6 por ciento son hombres (1.28 millones).
Las entidades federativas con mayor volumen de población que se autoreconoce afromexicana o afrodescendiente son Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México, con 303.9 mil, 296.3 mil, 215.4 mil, 194.5 mil y 186.9 mil personas, respectivamente.
Las entidades federativas con mayor presencia de población que se autoreconoce afromexicana o afrodescendiente respecto a su población total son Guerrero, Oaxaca, Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo, con 8.6, 4.7, 3.3, 3.0 y 2.8 por ciento de su población, correspondientemente.
Los municipios con mayor presencia de población que se autoreconoce afromexicana o afrodescendiente respecto a su población total son los municipios de Oaxaca, San Juan Bautista Lo de Soto, Santa María Cortijo, Santiago Tapextla, Santo Domingo Armenta y Santiago Llano Grande, con 95.7, 93.7, 92.9, 91.9 y 91.8, respectivamente.
Conforme a la ficha técnica, también es importante lograr el reconocimiento de la población afromexicana en la legislación particular de cada entidad federativa, incluidas las regulaciones en torno a la discriminación.
Ya que el reconocimiento expreso en la Constitución Federal y en las constituciones estatales facilitará las negociaciones en torno a la asignación de recursos públicos, la creación de instituciones y la instrumentación de políticas públicas y programas sociales dirigidos a la población afromexicana.
De igual forma, es necesario garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada, de manera que se incorpore a los pueblos afromexicanos en la toma de aquellas decisiones que los afecten.
Así también, los pueblos y comunidades afromexicanas deben contar con mecanismos para participar en la formulación de políticas de desarrollo económico, social, cultural y ambiental, así como en la resolución de conflictos relacionados con la propiedad o posesión territorial.
En especial, el Estado mexicano necesita implementar medidas para la preservación de la cultura de los pueblos y comunidades afromexicanas en aquellos estados donde representen un porcentaje significativo en la población.
Finalmente, resulta igualmente de gran importancia modificar el contenido de libros oficiales que reproducen estereotipos en relación con los pueblos y comunidades afromexicanas, porque omiten sus contribuciones al desarrollo histórico y contemporáneo de México.
