El Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca requirió al Estado mexicano que salvaguarde todas las variedades de este grano en la creación de la Ley Federal de Variedades Vegetales.
Durante la conmemoración del Día en Defensa del Maíz Nativo, el coordinador del Área de Derechos Indígenas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo), Aldo González Rojas informó que México está obligado a elaborar una nueva disposición para cumplir los compromisos adquiridos en Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a partir del Acta 91 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), un sistema internacional de protección de la obtención de variedades vegetales para reconocer los derechos de propiedad intelectual de los obtentores.
“Esta organización internacional ha hecho el Acta 91 que pretende imponer a través de los tratados de libre comercio, por ejemplo, en el caso de México con el T-MEC, porque está obligado a hacer ahora una nueva Ley Federal de Variedades Vegetales”, añadió.
Expuso que la UPOV publicó inicialmente el Acta 78, donde concedía algunos derechos a los obtentores porque no era tan privatizadora, pero el Acta 91 resulta demasiada lesiva para los derechos de los campesinos.
“Sobre todo porque los obtentores, no son solamente las personas que se dedican a realizar las semillas, sino sus patrones, o sea, las empresas. Ellos, son los que tienen los derechos porque le hicieron alguna modificación nos dicen que es una semilla nueva y así las registran como propios y de esta manera, deciden quién las puede usar o si las pueden comercializar. Si alguien compra sus semillas, están obligados a pagarles regalías. Y si las quieren utilizar posteriormente como semillas, pues tienen que pedir la autorización de ellos y en ese sentido, se afectan también a los derechos de los campesinos”, agregó.
Explicó que los lineamientos del Acta 91 de la UPOV ponen en riesgo la vida de las semillas campesinas porque las pretenden sustituir por sus granos registrados.
“Entonces, ya no habrá quien defienda que esa es una semilla propia de una comunidad. Y entonces las empresas transnacionales que tienen sus bancos de germoplasma dirán ‘bueno, pues este es mi invención, esta característica no existe en el planeta más que la que tengo yo no y la voy a registrar con derechos de obtentor”, agregó.
Subrayó que México está obligado a ratificar el Acta 91 de la UPOV y en consecuencia deberá renovar la Ley Federal de Variedades Vegetales, para cumplir las disposiciones del T-MEC.
“Un legislador de Morena presentó una iniciativa en el año 2019, pero afortunadamente no pasó. Aunque los legisladores digan que están armonizando las leyes realmente lo que están haciendo es supeditar las leyes mexicanas a las definiciones que se están haciendo en el ámbito internacional, bajo los intereses de las empresas transnacionales”, señaló.
Ante esto, requirió al Estado mexicano, durante la revisión del T-MEC en el 2006, echar abajo el Acta 91 de la UPOV, para el maíz nativo.
“Esas cláusulas y algunas otras, también atentan contra la soberanía nacional, porque siguen los lineamientos internacionales que protegen solamente los intereses de las transnacionales y violentan los derechos de los campesinos”, apuntó.
Además, González Rojas dijo que los pueblos indígenas no fueron consultados durante las negociaciones para la firma del T-MEC.
“Los pueblos indígenas ni se enteraron de que se iba a firmar ese tratado comercial, ni fueron consultados a pesar de estar obligado al Estado mexicano a respetar sus derechos. Entonces, la exigencia será que se consulte a los pueblos indígenas y que se retire el Acta 91 de la UPOV de ese tratado comercial”, finalizó.
