Octavio Vélez Ascencio
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llamó a los Poderes del Estado a resolver de fondo el conflicto entre la autoridad municipal de San Juan Mazatlán y sus agencias por la entrega de recursos financieros, ante las constantes retenciones de personas y bloqueos de caminos.
El titular del organismo autónomo, Bernardo Rodríguez Alamilla dijo en un Estado de derecho, por más justa que una demanda, no puede justificar la violación de un derecho humano, más aún cuando se trata de la libertad, la salud y la vida de otras personas.
Expresó que la DDHPO ha solicitado de manera reiterada a la autoridad municipal de San Juan Mazatlán respetar las asignaciones presupuestales y entregar a tiempo los recursos financieros a que tienen derecho sus comunidades, porque además de implicar diferentes tipos de responsabilidades, lesiona el tejido social e impide a sus agencias garantizar derechos para su población.
Expuso que este conflicto plantea la imperiosa necesidad de garantizar de manera justa y definitiva la repartición adecuada de recursos presupuestales y de imponer sanciones a quienes no cumplan con sus deberes constitucionales y legales.
“Ante la recurrencia de inconformidades en agencias municipales derivadas de asignación irregular e incluso nula de recursos económicos, es indispensable establecer un marco normativo que permita la asignación de manera equitativa, periódica y justa”, recalcó.
Destacó que esto implica una armonización profunda en el andamiaje normativo, institucional y procedimental para regular la relación financiera entre los municipios y sus agencias, contando con reglas y procedimientos claros, a fin de una asignación transparente de recursos públicos al interior de este nivel de gobierno.
Resaltó que la libertad es un derecho irrenunciable, no negociable, el cual debe ser respetado por las autoridades municipales y las asambleas comunitarias y no utilizarlo como moneda de cambio.
“Incluso, la causa más justa, cuando se exige violentando otros derechos, pierde legitimidad”, indicó.
De esta manera, convocó a las autoridades y pobladores, en especial de La Mixtequita, al diálogo y la concertación de acuerdos, así como a respetar la libertad y los derechos humanos de profesores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y demás personas retenidas en la localidad.
Medidas cautelares
Después de tener conocimiento de la retención del personal docente del Conalep, la DDHPO inició el expediente DDHPO/0769/(14)/OAX/2022, donde dictó medidas cautelares para garantizar la integridad física y mental de las víctimas.
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