En Oaxaca, la religión católica ha sido hegemónica desde la Colonia; de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2020, el 75.5 de la población era católica, 15.8% protestante, cristiano evangélico y en tercer lugar se ubican las personas sin religión con 6.1%.
En diez años, se registró una disminución de 5.1% en la población católica y aumentó 5.3% en la protestante y cristiano evangélico.
De acuerdo con el artículo “La dinámica de los conflictos religiosos en Oaxaca” de Olga Montes García, de la Universidad Autónoma Metropolitana, desde 1975, los conflictos religiosos han adquirido notoriedad en la entidad, ya que desde esa fecha se empezaron a registrar denuncias ante las instancias estatales de Justicia.
De acuerdo con el Archivo de la Dirección Jurídica del Gobierno del Estado, en el periodo de 1975 a 1990 se registraron 352 casos de denuncias de conflictos por religión.
Los desterrados
En cifras más recientes, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca tiene registro de nueve expedientes relacionados con desplazamiento por intolerancia religiosa entre 2011 y hasta la primera quincena de diciembre de 2021.
Además, el año pasado, el Congreso del estado aseguró haber identificado 57 conflictos de intolerancia religiosa.
En enero del 2022, la diputada Haydeé Irma Reyes Soto, exhortó al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos implementaran programas de capacitación en materia de derechos humanos dirigidas a todas las autoridades municipales.
Esto, con la finalidad de promover el respeto a las creencias religiosas dentro de sus comunidades y así evitar conflictos de intolerancia religiosa que puedan resultar en actos de opresión, discriminación, desplazamiento forzado e incluso, la pérdida de vidas humanas.
En esa misma fecha, se registró un caso de intolerancia religiosa, cuando en diciembre del 2021, 15 integrantes de seis familias fueron encarceladas y desterradas de la comunidad de San Pedro Chimaltepec, por negarse a organizar y cooperar con las festividades religiosas católicas.
En esas mismas fechas se presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal del Estado para tipificar como delito el impedimento a la libre asociación religiosa. Se esperaba que quien cometiera este delito fuera acreedor a uno o tres años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa, pero la misma no avanzó.
El ultimátum
En el artículo 24 de la Constitución señala que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituya un delito o falta penado por la ley.
Además, el Senado de la República aprobó en el año 2017 reformas al Código Penal Federal, donde se incluyen la discriminación religiosa y a las discapacidades en el tipo penal de delitos contra la dignidad de las personas, con un castigo de tres años de prisión.
En Oaxaca, 47 municipios se rigen por el sistema normativo de usos y costumbres en donde la asamblea formada por la población, decide el rumbo del pueblo.
Es en este espacio donde se han dado las decisiones de expulsar de la comunidad o encarcelar a las familias que no practican la religión católica, despojándolos además de sus propiedades, lo que a toda luz es un delito.
Esto es lo que está pasando en la actualidad en la comunidad de San Isidro Arenal, ubicada en el municipio de San Juan Lalana, donde las autoridades y pobladores han dado un ultimátum a familias cristianas evangélicas, para que abandonen la población, ya que no practican la religión católica.
La noticia se dio a conocer a partir de que el pasado 21 de noviembre, dos personas fueron encarceladas y quienes aseguraron que en asamblea la población acordó encarcelar a los hermanos, además de despojarlos de sus derechos como propietarios de varios terrenos en la comunidad y además, tendrán que abandonar la comunidad junto con sus familiares.
Las familias cristianas del rancho Cerro Cajón, denunciaron que las autoridades pretenden expulsarlos por no practicar el catolicismo.
Amenazas y violaciones
Eustaquio Antonio Pérez, otra víctima que también fue encarcelada, detalló que Alfredo Enrique Hernández, autoridad municipal, les indicó que por acuerdos de la asamblea tienen ocho días para desalojar sus hogares, ya que de lo contrario, el pueblo se organizará y los hará abandonar sus casas a la fuerza.
Una madre de familia y esposa de Eustaquio, asegura que la comunidad les ha prohibido a los menores de edad que puedan acudir a sus escuelas.
Las familias pidieron la intervención de las autoridades, ya que temen por su seguridad y la de sus hijos, ya que los pobladores les han asegurado que si no son católicos y no viven conforme a las costumbres, no tienen derecho a vivir en el pueblo, por lo que serán expulsados y tratados como delincuentes.
