Octavio Vélez Ascencio
La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo acudió a la primera audiencia a la corte francesa de París ante su demanda presentada en octubre de 2020, por las violaciones a la Ley sobre el Deber de Vigilancia de ese país y a los abusos a los derechos humanos cometidos por la empresa Electricité de France (EDF), propietaria del parque eólico Gunaa Sicarú.
Durante la audiencia incidental, la comunidad, con el respaldo del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), presentó los primeros elementos de prueba para que la justicia francesa se pronuncie y ordene a EDF suspender su proyecto de más de 115 aerogeneradores y restituir los daños hechos.
“Esta decisión es un primer paso en la búsqueda, desde las comunidades afectadas por actividades empresariales irresponsables, de la efectividad del enfoque preventivo de la Ley de Vigilancia y con esto, asegurar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas de México”, afirmó la directora ejecutiva de ProDESC, Alejandra Ancheita Pagaza.
De acuerdo con la denuncia de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, la empresa francesa sería responsable de contribuir a violaciones al consentimiento libre, previo e informado, así como de ataques a defensores de derechos humanos en el desarrollo del parque eólico Gunaa Sicarú.
Además, la compañía gala firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, así como contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto al proyecto.
La demanda solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla su obligación de respetar los derechos humanos.
Esta acción legal es la primera de su tipo iniciada por una comunidad indígena de América, ya que debió acudir a instancias extranjeras ante la falta de respuesta de la empresa y del gobierno mexicano.
“La audiencia abre el camino para el acceso a la justicia y representa una valiosa oportunidad para probar la efectividad de la Ley del Deber de Vigilancia y prevenir mayores violaciones a los derechos humanos de las comunidades”, aseguró Ancheita Pagaza.
