Por Rodolfo Ríos Reyes
En la política moderna existe una palabra que funciona como salvoconducto moral. Una especie de permiso automático para ejercer poder, tomar decisiones y descalificar adversarios. Esa palabra es pueblo.
Gobiernos gobiernan en su nombre.
Oposiciones luchan en su nombre.
Movimientos sociales marchan en su nombre.
Partidos se legitiman en su nombre.
El problema es simple y brutal: nadie ha preguntado realmente al pueblo.
La reflexión del filósofo francés Michel Foucault permite desmontar este mecanismo. En obras como Vigilar y castigar y la serie de Historia de la sexualidad, Foucault explica que el poder moderno no opera solamente mediante la fuerza o la represión. Opera, sobre todo, a través del discurso.
El poder produce verdades. Produce categorías. Produce sujetos.
Y una de esas construcciones discursivas más eficaces es el pueblo.
Para Foucault, los conceptos políticos aparentemente naturales suelen ser artefactos del poder. No describen una realidad neutral: organizan la realidad para hacerla gobernable. El “pueblo”, en este sentido, no es solo una comunidad de ciudadanos; es una categoría política que permite a distintos actores reclamar legitimidad.
Quien logra hablar en nombre del pueblo gana autoridad moral.
Y por eso todos lo hacen.
Pero aquí aparece la paradoja: mientras más se invoca al pueblo en el discurso político, menos visible se vuelve el pueblo real.
El obrero concreto.
El campesino real.
La trabajadora que paga impuestos.
El ciudadano que pasa horas en el transporte público.
Ellos casi nunca están en la mesa donde se toman decisiones. Pero su nombre sí.
Foucault explicaba que el poder moderno funciona mediante lo que él llamaba regímenes de verdad: sistemas de discurso que establecen qué puede decirse, quién puede decirlo y qué se considera legítimo. En ese régimen discursivo, el “pueblo” funciona como una fuente automática de legitimidad política.
No importa si se gobierna bien o mal.
No importa si las decisiones benefician o perjudican a la población.
Mientras el discurso pueda afirmarse “en nombre del pueblo”, el poder encuentra una justificación.
De ahí que el pueblo se convierta, paradójicamente, en la mayor víctima de todos los discursos que lo invocan.
Gobiernos lo utilizan para justificar decisiones.
Oposiciones lo utilizan para legitimar su lucha.
Movimientos lo utilizan para construir identidad política.
Todos dicen representarlo.
Todos dicen defenderlo.
Pero casi nadie acepta una posibilidad incómoda: que el pueblo real rara vez coincide con el pueblo imaginado por la política.
Desde la mirada foucaultiana, el problema no es simplemente quién gobierna. El problema es quién define lo que significa “el pueblo”.
Porque quien controla esa definición controla la legitimidad del poder.
Y mientras esa definición siga en manos de élites políticas, ideológicas o mediáticas, el pueblo seguirá siendo lo que muchas veces ha sido a lo largo de la historia: la palabra más usada del poder y la realidad menos escuchada de la política.
