Las autoridades federales y diversas organizaciones productoras de México han firmado el Acuerdo Nacional de la Cadena Maíz-Tortilla. El objetivo principal de este pacto es reducir gradualmente el precio de la tortilla en un 5% durante los próximos seis meses, con una meta final de disminuirlo en un 10% para el final del sexenio.
Alejandro Habib Nicolás, enlace de sectores productivos de la Secretaría de Economía, enfatizó la importancia de la colaboración de todos los actores involucrados para estabilizar los precios, los cuales varían significativamente según la región del país.
Se llevarán a cabo reuniones de evaluación y seguimiento supervisadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, para asegurar el correcto desarrollo del proyecto. Las acciones de cada sector se enfocarán en abaratar "todo lo que implica llevar la tortilla a la mesa de los consumidores", incluyendo fletes y gastos de gas.
Actualmente, los precios del kilo de tortilla oscilan entre 18 pesos en las zonas más económicas y hasta 34 o 35 pesos en las más caras. El promedio nacional se sitúa en 23 pesos, mientras que en la zona metropolitana ronda los 22 pesos.
La presidenta Sheinbaum destacó que uno de los objetivos clave es reducir el intermediarismo entre los productores de maíz y los procesadores, fomentando acuerdos directos. Asimismo, mencionó que los programas Tiendas del Bienestar y Alimentación para el Bienestar contribuirán a reducir los precios en las zonas más vulnerables del país.
El acuerdo fue suscrito por autoridades federales, tres organizaciones tortilleras, representantes de la industria harinera y productores de maíz de Sinaloa y el Bajío, según informó Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana.
Durante la firma, la presidenta Sheinbaum rompió el protocolo para preguntar directamente sobre las problemáticas del sector tortillero. Entre las cuestiones expuestas se encuentran la falta de regulación del comercio informal, la necesidad de mayores garantías para la distribución del maíz y la inseguridad.
Blanca Estela Mejía Castillo, representante legal del consejo, explicó que los siguientes pasos incluyen la creación de modelos de trabajo basados en el acuerdo. Una medida importante será el desarrollo de distintivos para las tortillerías suscritas al acuerdo, con el fin de que la población pueda identificarlas y beneficiarse de los precios reducidos.
