Ciudad de México.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo que ordena el descongelamiento de cuentas bancarias de Claudio Felipe Mendoza García, secretario técnico del Comité Administrador de Préstamos Personales de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
En los hechos ocurridos en Jamiltepec, donde se accidentó el helicóptero que transportaba al secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador del estado, Alejandro Murat Casab, que dejaron 14 personas muertas y un número indeterminado de heridos, es necesario que exista una justicia básica, elemental, que sancione a quienes sean responsables, afirmó el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carol Antonio Altamirano.
La muerte de Feliciano de 43 años de edad, quien fue golpeado en diciembre de 2017 por habitantes de San Martín Mexicapam, cuando presuntamente había cometido un asalto a casa habitación, derivó en la liberación de cinco órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado.
Una de las órdenes ya fue ejecutada.
Luego de que la Fiscaliza de Justicia de Oaxaca ordenó la reposición de audiencia y ante el temor que queden libres los asesinos de su hijo de 12 años, Ismael Valencia Hernández pide ayuda a fin de poder enfrentar el proceso.
Debido su carencia de recursos, Valencia Hernández se quejó de estar en condiciones de desigualdad frente a los imputados a quienes señaló de contar con el respaldo del Comité de Defensa de Derecho Indígenas.
La coordinadora del Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos (CODIGO DH), Sara Méndez, urgió a las autoridades realizar el deslinde de responsabilidades en torno al fallido aterrizaje de helicóptero oficial el pasado viernes, mismo que causó la muerte de 14 habitantes de Santiago Jamiltepec.
Refirió que como una cuestión de "justicia básica" se debe investigar a fondo lo que ocurrió y que "si hay que detener a alguien, que se haga".
Los maestros de la primaria “Flavio Pérez Gasga” exhiben a los niños que están contagiados con piojos.
Padres de familia de esta escuela ubicada en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, que por temor a represalias pidieron el anonimato, denunciaron que durante las mañanas, los estudiantes son espulgados en el patio central de la escuela, frente a toda la comunidad escolar.
Ahí mismo, añadieron, son separados aquellos que presentan pediculosis, de tal suerte que todos los niños se enteren quiénes son los contagiados.
En la entidad la ola de asesinatos contra activistas sociales sigue creciendo. En 5 años, de 2013 a 2018, se han presentado 144 asesinatos, 31 de ellos registrados en Oaxaca, y de estos tres se cometieron el pasado lunes contra miembros de la organización Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI).
La organización de derechos humanos Comité Cerezo reportó en enero que, en cuatro años, 2013-2017, se habian registrado 141 ejecuciones en el país, de los cuales 20.5 por ciento ocurrieron en Oaxaca, es decir 28.
Aunque en 2013 el matrimonio infantil quedó prohibido en Oaxaca, las uniones de hecho de mujeres menores de edad continúan como una práctica común; la entidad sólo es superada por Chiapas y Coahuila en este indicador negativo.
“Algunas llevan aquí más de nueve años, yo tengo cinco sin recibir sentencia”, dijo una de las mujeres que se encuentran internadas en el Reclusorio Femenil de Tanivet. Pero no son las únicas, de las 161 personas recluidas en el penal femenil, sólo 44 tienen definido su futuro.
“Del fuero común tenemos 30, del fuero federal 14 están sentenciadas. Las demás están en proceso”, indicó María Concepción Tovar Monreal, subsecretaria de Prevención y Reinserción Social.
Más de dos mil personas sin recibir sentencia
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detalla en su informe de recomendaciones 2018, que 2 municipios oaxaqueños han incumplido con recomendaciones emitidas hacia ellos para garantizar la protección de los derechos humanos de sus habitantes, otros 3 han presentado sólo pruebas parciales de cumplimiento y 1 ha demorado 3 años en aceptar una recomendación.
