Ciudad de México. Ante la creciente tendencia de los mexicanos a la soltería, la sociedad debe avanzar para que esa condición sea considerada normal y no un problema, señaló la especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), Olivia Tena Guerrero.

La experta del Programa de Investigación Feminista, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), refirió que esa condición es vista de manera negativa, sobre todo cuando se trata de mujeres.

Adela García Carrizosa fue sentenciada a 20 años de prisión acusada de ser cómplice del asesinato de su cuñado, quien pretendía violarla. Sin un traductor que le ofreciera la oportunidad de defenderse y la falta de sensibilidad del juez para conocer a fondo su caso, la indígena fue juzgada y condenada.

Adela muestra sorpresa al recibir una visita ajena a la de su abogado, Gerardo Martínez, desde que ingresó, hace 8 años, a un centro penitenciario; primero al penal de Cuicatlán, después al de la Villa de Etla, y, desde hace cuatro años, al penal femenil de Tanivet, Tlacolula.

Por considerar que el reemplacamiento de vehículos anunciado por la Secretaría de Finanzas atenta contra los derechos de los ciudadanos, la asociación Civil Movimiento Vial Ciudadano promoverá amparos contra esta medida que se implementó a partir de este mes.

Alfredo Figueroa Colmenares, representantes del organismo de la sociedad civil, manifestó su rechazó al programa Tenencia Cero, toda vez que se trata de una medida engañosa.

Con la mayor tasa de asesinatos de mujeres por razón de género, Oaxaca y Sinaloa se constituyeron con el capital de los feminicidios en 2017.

Las cifras del apartado Información delictiva y de emergencias con perspectiva de Género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalla que para el periodo enero-diciembre de 2017, Sinaloa tuvo una tasa de 5.33 “presuntos delitos de feminicidio” por cada 100 mil mujeres y Oaxaca 2.73, cifras por arriba del promedio nacional establecido en 1.06.

A ocho meses de las medidas anunciadas por el gobierno estatal para la reconstrucción del tejido social en Asunción Nochixtlán, luego de los sucesos violentos del 19 de junio de 2016, el Comité de Víctimas por la Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) sostuvo que a la fecha no se han concretado ninguna acción de los convenios firmados.

“Lo grave es que no se cumplen con los convenios firmados con anterioridad y mucho menos con las recomendaciones emitidas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que no podemos permitirnos que siga el engaño”.

Reclusos del penal de San Juan Bautista Cuicatlán acusaron al director Óscar Rodríguez de la Rosa de violentar sus derechos humanos y discriminarlos por su origen indígena, por lo que exigen su destitución.

Señalaron que una de sus primeras acciones después de tomar posesión del cargo, el 13 de enero del año en curso, fue limitar el ingreso de alimentos que estaban permitidos antes de su llegada, así como la cantidad de éstos.

Habitantes de Mixistlán de la Reforma y de Santa María Apazco se unieron para exigir al Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, su intervención en conflictos electorales y de ingobernabilidad, ya que, afirman, la Secretaría General del Gobierno no ha podido dar solución a sus problemáticas.

Más de cien habitantes del municipio de Mixistlán de la Reforma, Santiago Zacatepec denuncian la imposición de autoridades por parte de la Segego en su demarcación.

Autoridades de la agencia de policía de San José Quianitas, perteneciente a Santa María Quiegolani, expulsaron al pastor de la Iglesia Pentecostés, Filadelfo Santos Pérez y a un miembro de esa religión, por oponerse a organizar la fiesta del santo patrón de la comunidad.

El ministro evangélico, informó que fue desterrado, desde el 16 de diciembre del año pasado, por no admitir el nombramiento de la asamblea de la comunidad como mayordomo de la festividad, según los usos y costumbres.

Marcelino Mejía García, indígena oriundo de Pinotepa Nacional, cumple 8 años preso por un delito que presuntamente no cometió. Tortura física, psicológica y las amenazas contra su familia a las que fue sometido terminaron por hacer que firmara una hoja en blanco en 2009, prácticamente su sentencia.

A pesar de que consideraron hay avances significativos, organismos de la sociedad civil que promovieron “El Pacto por la Primera Infancia” revelaron que de las 5 condiciones que contienen este documento para alcanzar la meta de 10 compromisos, a la fecha solo dos han sido cumplidas por el gobierno estatal que encabeza Alejandro Murat.

El Pacto fue firmado el 25 de mayo de 2016, durante la campaña a la gubernatura, y en junio de 2017 se iniciaron los trabajos para el cumplimiento de estos compromisos.