El Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres acusó al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) de incurrir en una resolución misógina y que revictimiza a la presidenta municipal de San Juan Bautista Lo de Soto, Samantha Caballero Melo.
En una reciente resolución, el TEEO ordenó a la presidenta pagar los salarios caídos de de los funcionarios que no se han presentado a trabajar, Pablo Anica Valentín y Eloy Bernardo Vargas Alberto, síndico municipal y regidor de hacienda, respectivamente, a pesar de que éstos son los promotores de la violencia contra Caballero Melo.
En rueda de prensa, Anabel López Sánchez, integrante del colectivo, así como la presidenta municipal adelantaron que este miércoles acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ciudad de México, para interponer una controversia constitucional ya que la sentencia del TEEO contradice el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del ciudadano (JDC/13/2017) que establece que la presidenta vive violencia política por razón de género, misma que fue ratificada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Tengo diez meses y aún a pesar de todo el proceso que he tenido, sigo siendo víctima de violencia. El pueblo esta sufriendo, ellos piensan que me están haciendo mal a mi, pero quiero que entiendan que soy representante de un pueblo y los que están sufriendo son ellos”, indicó la presidenta.
Lamentó que a pesar de que existen leyes claras las instituciones no están garantizando sus derechos, por el contrario “me ponen obstáculos”, expuso.
Contra discriminación política
Artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (ECEDAW) firmada y ratificada por México.
“Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a: Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”
Recordó que Pablo Anica Valentín mantiene retenidos los vehículos oficiales pero ni la Secretaría General de Gobierno (Segego) ni la Fiscalía de Justicia del Estado han intervenido para recuperarlos.
A lo anterior – expuso – se suma el ordenamiento para el pago de sueldos caídos que representa poco más de 200 mil pesos, pese a que dichos funcionarios no se han presentado a laborar.
Por otro lado, Caballero Melo indicó que también presentará un juicio de amparo contra el Congreso del Estado de Oaxaca por su omisión ante la solicitud de revocación de mandato del síndico y el regidor de hacienda “quienes desde la etapa de campaña difamaron, invalidaron e invisibilizaron las capacidades de Samanta Caballero con un claro componente de género que buscaba obstaculizar su llegada a la presidencia municipal”, expuso Anabel López Sánchez.
La solicitud de revocación se hizo el 16 de mayo de 2017 con la firma de más de 500 ciudadanos y ciudadanas de la localidad. El 28 de junio de nueva cuenta solicitó formalmente la revocación del mandato; tres meses después la presidenta fue llamada a ratificar la solicitud y a cuatro meses no ha habido respuesta.
“La justicia no puede ser tan dilatada y sobre todo tan limitada porque al final con esa forma de actuar termina abonando en la revictimización de las mujeres”, dijo Sánchez López.
En este sentido también consideró que existe una simulación en los avances legislativos planteados para sancionar la violencia política contra las mujeres.
