HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- Integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas (API) protestaron frente a la Vicefiscalía de Justicia en la Mixteca, a siete años de la muerte de Heriberto Pazos Ortiz, líder de esta organización.
Los manifestantes llegaron minutos después de las 10 de la mañana, para tomar las oficinas de la Vicefiscalía y de manera inmediata desalojar al personal que ahí labora, por lo que durante varias horas la instancia dejó de prestar los servicios que ordinariamente brinda.
Al tiempo que varios taxistas de la misma organización realizaban un plantón en la carretera federal 190 Huajuapan-Oaxaca a la altura del paraje denominado El Chacuaco, los manifestantes expresaron que la demanda principal es que se presenten avances en las investigaciones.
Además, indicaron que está pendiente la regularización del transporte en varias comunidades de la región Mixteca, así como la construcción de viviendas que resultaron afectadas con el sismo del 19 de septiembre y la entrega de proyectos productivos para zonas marginadas de la demarcación.
En la entrada de la dependencia colocaron una lona con el letrero: “Huajuapan de León presente, 23 de octubre del 2010 no se olvida, exigimos justicia por la muerte de Heriberto Pazos Ortiz, seguimos en tu lucha”.
Los manifestantes indicaron que en la capital de la entidad, un grupo de dirigentes se encontraba a la espera de una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes.
Señalaron que en el caso de que no se muestren resultados iniciarán un plantón de manera indefinida, ya que a siete años de la muerte de Heriberto Pazos, el caso no ha sido resuelto, pues sólo tienen una persona detenida.
Finalmente expresaron que la protesta realizada este lunes se desarrolló en todo el estado en el marco de la jornada de lucha a siete años de la muerte de Heriberto Pazos Ortiz.
Fue el 23 de octubre del 2010 cuando un grupo de sicarios atacó a quemarropa a Pazos Ortiz en la capital del estado, perdiendo la vida de manera inmediata; desde ese día hasta la fecha, las más de 20 comunidades de la región Triqui han exigido justicia al gobierno del estado para esclarecer su crimen.
