Oaxaca es pionera en el reconocimiento y legislación en materia de derechos humanos, de manera especial en el tema de mujeres y personas con discapacidad. A diferencia de otras entidades, el estado guía su trabajo judicial con base en las normas internacionales, expuso la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJO), María Eugenia Villanueva Abraján.
Al participar en el panel “Criterios para la restricción de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, en el marco del Seminario que sobre el tema organizó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la especialista se refirió a los límites establecidos en la ley, que dijo, no deben verse como proteccionismo, dádivas o apoyo innecesario sino como un acompañamiento.
La integrante de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado explicó que de 2010 a 2016, los juzgados familiares del Distrito del Centro han atendido 10 juicios de interdicción, es decir, aquellos donde la capacidad jurídica de las personas se declara nula por la incapacidad intelectual del individuo de tomar decisiones, por lo cual se permite el nombramiento de un tutor que lo represente legalmente.
Reconocimiento a personas con discapacidad
Ante este panorama, los panelistas participantes, Adalberto Méndez López, director de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e Imelda Guevara Olvera, secretaria de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expusieron a través de diferentes casos, como el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad comienza a permear en distintos países.
Se necesita saber si las personas necesitan apoyos y cuales, pero principalmente si los quiere, expuso el representante de la CNDH, quien resaltó que el artículo 12 de la Convención de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad establece que este sector tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y que los Estados Partes están obligados a reconocer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas y en todos los aspectos de la vida.
