A partir de la nueva matriz energética, el gobierno federal pretende desarrollar 67 proyectos hidroeléctricos en los ríos, manantiales y otras fuentes de agua en territorios indígenas zapotecos, chatinos, mixes, chinantecos y mixtecos.
Según un informe de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), la Secretaría de Energía (SE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planean construir 66 pequeñas y una gran hidroeléctricas.
En algunos casos, como en la cuenca de Choapan, región Zona Norte, se proyectan nueve presas en el mismo río o 14 en la cuenca del Río Verde, región Costa.
La realización de estos 67 proyectos hidroeléctricos obedecen a la nueva matriz energética y a la nueva estructura del sector energético en México, aunque se contraponen a todos los avances en materia de derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos alcanzados de manera progresiva, más aún porque la regulación de las empresas es incipiente y no existen mecanismos para hacer justiciables los derechos.
De acuerdo con el reporte, los proyectos planteados para la producción y comercialización de energía, bajo el nuevo marco legal, desconocen los derechos agrarios a través de los mecanismos de expropiación, especialmente en Oaxaca donde más del 80 por ciento de la tierra es de propiedad social.
Además, los procesos de negociación contemplados en las leyes energéticas conducen irremediablemente a la cesión de territorios a empresas y se establecen servidumbres legales que restringen el uso y disfrute a los poseedores y propietarios, pues el modelo privilegia a las grandes empresas nacionales y extranjeras que puedan cumplir con los requisitos de sostenibilidad financiera.
Aparte de ello, si bien en la reforma energética se incorpora la consulta como un requisito, en su implementación los gobiernos y las empresas son juez y parte, ya que conducen el proceso y encaminan a la negociación sin posibilidad de veto o cancelación, en contraposición de los principios de la consulta y la jurisprudencia internacional en la materia.
Independientemente de esto, existe una gran opacidad en la información de las empresas y en el gobierno mexicano en cuanto a los proyectos de inversión a ejecutarse en territorios, y como consecuencia, los pueblos y comunidades se encuentran en una situación inequitativa, al no tener elementos para la toma informada de decisiones.
Conforme al informe, las comunidades verán afectadas su acceso al agua, al territorio y a sus formas de vida porque la industria eléctrica tiene preferencia sobre cualquier otro uso u aprovechamiento a la tierra.
Desamparo indígena
“Estamos evidentemente ante una asimetría en la relación empresa-estado-pueblos y comunidades, dejando a estos últimos sin mecanismo de defensa de sus derechos y donde el estado Mexicano abandona progresivamente la responsabilidad de protección de esos derechos. Es necesaria una regulación de la actuación de las empresas, especialmente de las inversiones y sus resultados”: Educa
