El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva proclamó este jueves su intención de presentarse a las elecciones de 2018 pese a su condena a casi 10 años de prisión por corrupción, dando un nuevo giro a la dilatada crisis política de Brasil.
"Si alguien quiere sacarme de juego con esa sentencia, tiene que saber que sigo en el juego", aseguró en tono combativo Lula, un día después de que Sergio Moro, el juez de primera instancia encargado de la operación Lava Jato, hiciera pública su sentencia.
Negando todas las acusaciones y considerándose víctima de una "cacería" judicial, el ícono de la izquierda latinoamericana reafirmó en una rueda de prensa en Sao Paulo que no tirará la toalla.
El expresidente, que enfrenta otras cuatro causas penales, puede apelar la sentencia en libertad y sólo vería impedida su candidatura si fuera condenado en segunda instancia.
Lula encarna la alta polarización en el gigante latinoamericano, dado que es tanto el favorito para los comicios de 2018 como el político con mayor rechazo entre los precandidatos: el salvador de los pobres para algunos o el líder de la red corrupta en Petrobras para otros.
Vestido con su habitual polo rojo del PT, Lula volvió a demostrar que mantiene la energía e ironía de siempre.
Hablando de sí mismo en tercera persona, el exdirigente sindical que enfrentó a la dictadura militar (1964-85) y colocó a Brasil en el mapa, logrando sacar a 30 millones de la pobreza, declaró: "Lula, con 71 años, cerca de cumplir 72, está decidido a pelear de la misma forma que cuando tenía 30 años".
"El único que tiene el derecho a decretar mi fin es el pueblo brasileño", manifestó.
"Golpe"
Sergio Moro, para muchos un emblema de la lucha anticorrupción, condenó a Lula a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero; la acusación afirma que es el propietario de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.
Su condena respondería, según él, a una estrategia para destruir al PT, que en 2016 cerró un ciclo de 13 años de gobierno cuando su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff, fue destituida por el Congreso acusada de manipular las cuentas públicas, y reemplazada por el conservador Michel Temer.
