La implementación del proyecto eoloeléctrico de Electricité De France (EDF) Gunaa Sicarú en el Istmo, ha significado peligro e inseguridad, principalmente para quienes defienden los derechos comunitarios en Unión Hidalgo.
Ese clima de inseguridad se agudiza con las elecciones en puerta del próximo 1 de julio y la pendiente reconstrucción de la comunidad después de los sismos de septiembre del 2017.
Como una manera de llamar la atención de las autoridades para que garanticen la seguridad de la comunidad, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una alerta temprana, la segunda en este año y la número 35 desde el 2012.
El visitador general de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos, especificó que el Estado debe reforzar la seguridad en la comunidad y sobre todo evitar agresiones, incluyendo a las y los defensores comunitarios.
La alerta temprana fue emitida al gobernador Alejandro Murat; a la secretarías General de Gobierno; de Asuntos Indígenas; de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable; y de Seguridad Pública, así como a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y a la presidencia municipal Unión Hidalgo.
“Existe un riesgo, tanto para quienes defienden los derechos humanos, como para la población en general”, advirtió.
El riesgo se incrementa porque hay un proceso electoral concurrente que incluye la renovación del ayuntamiento, la inconformidad por la falta de resultados en la reconstrucción tras los sismos de septiembre pasado y de quienes pueden estar a favor y en contra del nuevo proyecto eólico.
La lucha por sus derechos
Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), filial de la empresa Renovalia Energy, instaló aerogeneradores en la comunidad de Unión Hidalgo.
La falta del consentimiento de esa comunidad indígena zapoteca propició acciones legales que a su vez les expusieron a amenazas, intimidaciones y agresiones físicas.
Lo anterior lo ha documentado la DDHPO, que desde noviembre de 2011 ha emitido medidas cautelares a diferentes dependencias de gobierno.
La instalación de la central eoloeléctrica Gunaa Sicarú por parte de la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la transnacional francesa EDF propició una nueva defensa de su territorio, logrando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) les otorgara medidas cautelares para suspender la consulta, lo que ha recrudecido el nivel inseguridad.
