El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) requiere una asignación financiera de cuando menos el 2 por ciento del presupuesto estatal, que este año ascendió a 69 mil 786 millones 574 mil 928 pesos, a fin de cumplir con sus responsabilidad de impartir justicia pronta, imparcial, completa y gratuita, afirmó la presidenta del TSJ, María Eugenia Villanueva Abrajan, al entregar la Cuenta Pública 2018 al Congreso local.
En el vestíbulo del salón del pleno, a través de un video, expuso que la independencia y autonomía judicial son principios básicos en que se funda todo sistema de gobierno democrático, social y de derecho.
“Sin embargo la asignación financiera del Poder Judicial es y ha sido siempre un tema que ha impactado directamente en el fortalecimiento de la impartición de justicia”.
Necesidades apremiantes
Citó que en el 2018 el Congreso autorizó al Poder Judicial un presupuesto de 819 millones 339 mil 886 pesos, no obstante se ejerció un monto de 919 millones 80 mil 824 pesos, que incluyen aportaciones estatales y federales.
“Siendo esta ministración insuficiente para cubrir los compromisos de servicios personales de este poder, por lo que la Secretaría de Finanzas autorizó una adelanto al presupuesto del 2019 por la cantidad de 82 millones 767 mil 556 pesos destinado a pagos de aguinaldos, lo que generó un déficit de origen en este ejercicio fiscal”.
En presencia del presidente de la mesa directiva César Morales Niño, la presidenta de la Junta de Coordinación Política Laura Estrada Mauro, el presidente de la comisión de administración pública Ericel Gómez Nucamendi, legisladores y jueces, agregó que con el objetivo de cubrir las necesidades más apremiantes para el año que transcurre el Poder Judicial solicitó 1 mil 242 millones 962 mil 226 pesos, autorizando la Cámara de Diputados 915 millones 270 mil 263 pesos.
Lo cual reflejó una disminución de 26.36 por ciento que se vio mermado por el descuento del adelanto otorgado en 2018, por lo que se acotó a 832 millones 503 mil 296 pesos, de lo que resulta un déficit presupuestal de orígen de 410 millones 458 mil 930 pesos, sin considerar los recursos financieros no ministrados de los ejercicios fiscales 2015 al mes de abril del año en curso por 69 millones 531 mil 966 pesos.
Manifestó que solo en el rubro de servicios personales se otorgó un presupuesto de 734 millones 817 mil 760 pesos, cuando el requerimiento para este rubro es de 892 millones 981 mil 7 pesos, únicamente para la nómina ordinaria que representa 2 mil 673 plazas, sin contar que es una realidad la escasez de personal en los diversos juzgados del estado, carentes de jueces, secretarios judiciales, actuarios y oficiales administrativos; además atender la necesidad de recurso humano y las obligaciones que por ley se deben cumplir como la creación de salas de oralidad mercantil, justicia alternativa y derecho laboral.
Carecen de peritos
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Eugenia Villanueva Abrajan sostuvo que un tema de particular importancia es el compromiso del Poder Judicial de proteger y garantizar los valores y principios fundamentales de la infancia en apego con los estándares internacionales y constitucionales en la materia, sin embargo la institución ha trastocado el interés superior del niño al carecer, por razón presupuestal, de peritos en genética para realizar la prueba biológica de ADN, como evidencia suficiente para el reconocimiento de la paternidad y con ello el derecho del menor de recibir alimento.
“Además esta judicatura local precisa en dotar a la dirección de periciales de contadores valuadores, médicos psiquiatras, psicólogos, criminalistas e intérpretes, ya que solo cuenta con 26 peritos para atender las necesidades de 109 juzgados; requiere asimismo de espacios físicos equipados y adecuados para desarrollar la función pericial de manera técnico-científica ya que el dictamen pericial en la impartición de justicia es decisivo e imprescindible”.
Dijo que tampoco se cuenta con personal suficiente, mobiliario, equipo de cómputo, vehículos y un presupuesto suficiente para hacer frente a las necesidades del servicio.
“Esta insolvencia presupuestal ha impactado en los últimos años en el cumplimiento de compromisos institucionales como las reformas constitucionales; la dignificación de sueldos y prestaciones para personal de confianza; fortalecimiento de la capacitación, actualización y especialización judicial; pago de arrendamiento de inmuebles; de servicios básicos en juzgados de todo el estado; dotación de insumos como papelería, combustibles, mantenimiento de sistemas y equipo; renovación de flota vehicular; entre otros”.
Subrayó que es innegable que la demanda de justicia de la sociedad va en aumento, “sin embargo sin autonomía presupuestal difícilmente el Poder Judicial podrá ejercer su trabajo acorde a lo establecido en la Constitución, por lo que para un futuro inmediato se plantea que desde la norma suprema se fije un porcentaje del presupuesto para el Poder Judicial, el cual deberá señalarse con base en el estudio de necesidades que dicho poder debe atender, quizás deba de ser de alrededor del 2 por ciento, pero su fijación debe basarse en estudios técnicos para de esta manera asegurar su independencia y, por ende, una impartición de justicia pronta y expedita”.
