A un mes de la protesta de sindicalizados, el Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), atraviesa una severa crisis: nadie quiere la dirección, que se encuentra acéfala, debido a las múltiples anomalías.
En tanto, persisten deudas y una serie de rezagos de hasta el 80 por ciento en medicamentos, insumos y realización de cirugías programadas, informó la representación sindical, que dijo que las negociaciones se encuentran estancadas.
“Nombraron un representante de la Ciudad de México para hacerse cargo de la dirección, pero en cuanto se enteró cómo estaba la situación en Oaxaca, renunció; posteriormente ofrecieron el cargo al subdelegado, pero tampoco quiso; después, al ex director de la Unidad de Medicina Familiar de la capital y no quiso.
“Quizá por la situación financiera que guarda el hospital. En el caso del delegado, Marcelino Miranda Añorve, continúa en su cargo y creemos que está esperando el cambio de gobierno para reacomodarse”, dijo una de las representantes sindicales, Susana Espina.
Expuso que hasta ahora, el exdirector Carlos Domínguez Pérez no se ha presentado a realizar una entrega formal del cargo; además, hay una severa crisis financiera por los adeudos con las clínicas privadas que realizan las cirugías mediante subrogación.
“El porcentaje de desabasto depende de las áreas; en caso del quirófano, probablemente sea de hasta el 80 por ciento, se escucha muy elevado pero es la realidad; es uno de los focos rojos de atención a la población derechohabiente, las cirugías pendientes.
Demandó a las autoridades centrales del ISSSTE a tomar cartas en el asunto y agilizar las acciones administrativas a fin de evitar un colapso total. Detalló que el próximo 23 de noviembre, la base sindical, compuesta por más de 800 trabajadores, tendrá una asamblea para decidir las acciones a seguir.
Aunque las quejas vienen de tiempo atrás, el 19 de octubre pasado, los trabajadores iniciaron una “asamblea permanente” para protestar de manera pacífica en contra de probables actos de corrupción de los directivos.
