Luego de que el exdiputado Juan Vera Carrizal solicitara un amparo ante una posible orden de aprehensión por estar señalado como autor intelectual del ataque con ácido contra María Elena Ríos Ortiz, la familia de la joven saxofonista, en una carta pública dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, demandó no proteger ni brindarle impunidad.
“Pido que la brutalidad, la saña e impunidad no sean el mensaje oficial otorgando a Vera Carrizal un amparo para librar el castigo que merece ante tan cruel manera de violentar la vida de una mujer”, señaló Silvia Ríos Ortiz, hermana de la saxofonista.
A través de una carta pública también dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar, a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, al Consejo de la Judicatura, Poder Judicial y Poder Legislativo, exigió a las instancias involucradas actuar con rectitud, “sin dar paso a actos que se puedan malinterpretar y que sólo manchen más la procuración y administración de justicia”.
Además, denunció que hasta este momento no ha sido notificada de dicho juicio de amparo, a pesar de ser víctima indirecta “y que ya consta en autos en la carpeta de investigación, en contra de la brutal agresión en contra de mi hermana”.
Agregó que “como familia tenemos miedo ante la venganza de Vera Carrizal, por lo que por este medio lo hago responsable de todo lo que en su momento nos llegue a pasar”.
Organizaciones exigen justicia y no impunidad
Angelica Ayala, directora del Grupo de Estudios sobre la Mujer (GESMujer) Rosario Castellanos, indicó que con el amparo se corre el riesgo de que, a través de mecanismos legales, se genere impunidad.
Si bien el amparo -expuso- es un derecho que protege a las personas contra actos indebidos de la autoridad, concedido al presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio de María Elena Ríos, podría significar el riesgo de que el proceso se alargue indefinidamente a fin de que la presión social y mediática disminuya.
“Todos los casos de violencia, incluyendo la violencia feminicida, deben ser investigados conforme a derecho, de manera profesional, sin dar lugar a que en las investigaciones se cometan errores de procedimiento que a corto plazo sean utilizados para mantener la impunidad”, sostuvo.
De su lado, Ana María Hernández Cárdenas de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, manifestó que no hay razones suficientes que sostengan la lógica de amparar a Vera Carrizal ante los hechos que se le atribuyen.
“No es extraño mirar de nueva cuenta la impunidad que prevalece en los poderes del estado, tanto de manera particular con la Fiscalía y sus formas tan a modo de hacer las investigaciones en donde resulta raro que no lo hayan detenido como presunto responsable intelectual cuando hay una infinidad de voces que lo señalan. Nos preguntamos ¿por qué no se ha detenido? ¿por qué no se está investigando en esa línea? y ¿por qué ahora se otorga ese amparo?”, declaró.
