Una pareja originaria de Tlaxcala que apoyaron a su hijo para llevarse y explotar sexualmente a una joven originaria de Oaxaca a diversas ciudades de Puebla, Ciudad de México e incluso Estados Unidos, fueron condenados a la pena de nueve años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) Delegación de Tlaxcala, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Miguel “G” y Sandra “F”, por el delito de trata de personas.
Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México donde la víctima, originaria de Oaxaca, trabajaba prestando servicios domésticos en un domicilio particular. Al salir de descanso los domingos paseaba por la Alameda Central, donde por varios fines de semana era abordada y por medio de engaños la trasladaron al estado de Tlaxcala, específicamente al municipio de Tenancingo, de donde son originarios los sentenciados.
Obligan a joven a prostituirse
Al llegar a dicho lugar, la mantuvieron cautiva a través de la fuerza y engaños, para días después llevarla nuevamente a la Ciudad de México, específicamente a “La Merced”, para obligarla a prostituirse.
Posteriormente, también fue llevada al estado de Puebla y finalmente a Estados Unidos de Norteamérica, donde, igualmente, fue obligada a prostituirse en ciudades como Nueva York, Westchester, Long Island, Nueva Jersey, entre otros.
El Ministerio Público de la Federación (MPF) consignó la averiguación previa y ejerció acción penal en contra de Miguel “G” y Sandra “F”, por los hechos que prueban que trasladaron, facilitaron, ofrecieron y entregaron a la víctima con el fin de someterla a explotación sexual.
El Juez Primero de Distrito dictó sentencia condenatoria de nueve años de prisión y multa de 38 mil 962 pesos para cada uno.
La detención
Fue el 11 de octubre del 2019 cuando fueron detenidos Juan G, quien era el encargado de enganchar a las mujeres y llevarlas a Tenango, Tlaxcala, donde Miguel “G” y Sara “G” (padres de Juan) convencían a la víctima de quedar como pareja sentimental del enganchador para posteriormente explotarlas sexualmente.
Las mujeres eran amenazadas por sus captores con hacerles daño a su familia; bajo esta condición eran obligadas a ejercer la prostitución en las ciudades de México y Puebla e incluso se habla de algunas ciudades de Estados Unidos.
En caso de quedar embarazadas, las víctimas eran obligadas a abortar.
Mediante un comunicado emitido, la Fiscalía informó que el agente del Ministerio Público (MPF), adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), solicitó y obtuvo el mandamiento judicial que fue cumplimento por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).
