Agencias
Los Cazadores de Pieles es el apodo con el que se conoció en los medios de comunicación de Polonia a cuatro trabajadores de urgencias de un hospital de la ciudad de Lodz.
Estos médicos y paramédicos fueron condenados por el asesinato de al menos cinco pacientes y por la venta de información sobre sus decesos a compañías funerarias. Los crímenes ocurrieron de 1998 al 2001.
Los involucrados fueron detenidos en 2002. Su apodo fue acuñado por el primer periódico que reveló su historia a la luz pública.
Descubrimiento de la banda
El escándalo salió a la luz pública el 23 de enero de 2002, en un reportaje firmado por los periodistas Tomasz Patora, Marcin Stelmasiak y Przemysław Witkowski publicado en el diario polaco "Gazeta Wyborcza".
En este reportaje, se describía cómo los trabajadores de urgencias de un hospital, llamaban a una compañía funeraria para informarle de la muerte de algunos pacientes, para así recibir una compensación económica. También se relataba que en ocasiones estos pacientes incluso eran asesinados.
Esta banda de médicos y paramédicos denominaba a los pacientes con el nombre clave "skins", que significa "pieles" en inglés, razón por la que el artículo se tituló "Cazadores de pieles".
Se inicia proceso penal
El mismo enero de 2002, se inició un proceso penal, luego de que se descubrió que el servicio de urgencias médicas de Lodz podría haber vendido información sobre fallecimientos a una funeraria y que posiblemente la muerte de algunos pacientes había sido deliberada.
En febrero de 2002, los implicados en este caso fueron detenidos.
Los fiscales acusaron a Andrzej Nowocień de la muerte de cuatro pacientes por suministrarles Pavulon, un relajante muscular, sin que estuviera justificado su uso.
Karol Banaś fue acusado de matar a una persona y colaborar en el asesinato de otras cuatro.
Los médicos de ambulancia, Janusz Kulińskiy Paweł W, fueron acusados de abandono de reanimación y por administrar medicamentos inadecuados a un total de 14 pacientes.
Los cuatro trabajadores sanitarios también fueron acusados de aceptar sobornos, que iban desde los 3.000 a los 17.000 euros, de manos de los empresarios de servicios fúnebres en el transcurso de unos pocos años.
Las funerarias incluían el precio de los sobornos en las facturas que las familias de los fallecidos pagaron por sus servicios fúnebres.
Dictan condenas a implicados
El 19 de enero de 2007, un tribunal de Lodz dictó sentencia sobre el caso que involucra a los Cazadores de Pieles, el grupo de paramédicos y médicos de urgencias involucrados en este escándalo que indignó a la opinión pública.
Los cuatro empleados del servicio médico de emergencia local, fueron declarados culpables por el asesinato de sus pacientes.
Se demostró que los paramédicos habían asesinado principalmente a pacientes de edad avanzada utilizando pancuronio, un relajante muscular.
Los cuatro trabajadores vendían después la información de los pacientes fallecidos a algunas compañías funerarias, para que pudieran ponerse en contacto con los familiares antes de que pudiera hacerlo la competencia.
A cambio exigían pagos que iban desde los 3.000 a 17.000 euros.
Los procesados fueron: Andrzej Nowocień, paramédico, condenado a cadena perpetua por el asesinato de cuatro pacientes y por colaborar con Karol Banaś en otro asesinato; Karol Banaś, paramédico, condenado a 25 años de prisión por el asesinato «especialmente cruel» de Ludmila S y por colaborar con Andrzej en el asesinato de los otros pacientes.
Janusz Kuliński, médico, fue condenado a seis años de cárcel y prohibición para ejercer la medicina durante 10 años, por poner en peligro en forma intencional a 10 pacientes.
Paweł W, médico, condenado a cinco años de prisión y prohibición para ejercer la medicina durante 10 años por poner en peligro de manera intencional a cuatro pacientes.
Sus sentencias fueron confirmadas por el Tribunal de Apelación de Lodz, en junio de 2008.
Posteriormente, una nueva apelación fue rechazada por la Corte Suprema de Polonia, el 27 de octubre de 2009.
La investigación sobre el escándalo se extendió después a más de cuarenta miembros del servicio de urgencias, al igual que a los propietarios de una funeraria local que recibía información sobre las muertes de los pacientes.
Según los fiscales, estos médicos y paramédicos ya condenados «merecían un castigo especial».
