Los vehículos que fueron entregados en depositaría a autoridades municipales quedarán cancelados y, a partir de ahora, únicamente serán otorgados a las personas que acrediten ser víctimas dentro de carpetas de investigación, hasta que concluyan los procesos legales, informó el fiscal general del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla.
Durante la conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) explicó que queda eliminada la figura de depositarías, un mecanismo mediante el cual unidades aseguradas eran entregadas temporalmente a autoridades municipales para su uso y resguardo.
Funcionarios de la dependencia, entre ellos el vicefiscal Alejandro Ramírez, detallaron que los vehículos recuperados son asegurados y trasladados a depósitos, y posteriormente pueden ser reclamados por compañías aseguradoras cuando estas cubren el pago a las víctimas de robo. Una vez realizado el pago, las unidades pasan a ser propiedad de la aseguradora.
Rodríguez Alamilla señaló que la empresa aseguradora Ocra es actualmente propietaria del vehículo que fue denunciado en redes sociales por encontrarse bajo resguardo del comisionado del Ayuntamiento de Mazatlán Villa de Flores, Heriberto Porras.
Explicó que dicha unidad fue robada en el estado de Tlaxcala y posteriormente comercializada en Oaxaca mediante documentación presuntamente falsa, por lo que se inició una carpeta de investigación por el delito de fraude.
El fiscal indicó que actualmente existen 22 vehículos bajo este esquema en diferentes municipios; sin embargo, ya se realizan los trámites para que sean devueltos a la Fiscalía mientras continúan las investigaciones correspondientes.
Añadió que la medida busca evitar casos como el ocurrido recientemente, cuando un automóvil con reporte de robo fue localizado en posesión de una autoridad municipal pese a encontrarse bajo resguardo institucional.
Finalmente, exhortó a la ciudadanía a no aceptar ofrecimientos relacionados con nuevas depositarías o préstamos de vehículos asegurados, ya que esta práctica quedó suspendida y cualquier autorización fuera de la Fiscalía podría constituir un delito.
