En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó ayer el reglamento en materia de liquidación de los partidos políticos locales que no obtuvieron el porcentaje mínimo de votación para conservar su registro y liquidación de las asociaciones civiles por las candidaturas independientes.
En la norma, se disponen las reglas y criterios para la regulación de los procedimientos cautelares y de liquidación en el caso que el Consejo General declare la pérdida de registro correspondiente, en este caso al PSD y al PRS.
El proceso de liquidación, se integra de la etapa de prevención, donde se nombra al interventor o interventora, así como por la etapa de liquidación, en la que se finiquita el patrimonio de los partidos políticos y se hacen efectivas sus obligaciones laborales, fiscales, mercantiles y financieras.
Por otra parte, en sesión especial, el Consejo General del IEEPCO calificó seis y validó las elecciones por el régimen de sistemas normativos internos en los municipios de San Francisco Cahuacua, Santa María Yosoyúa, Santa María Yolotepec, Santos Reyes Tepejillo y Santiago Zoochila en la Sierra Norte.
Pero, convocó a las autoridades municipales para que apliquen, respeten y vigilen la perspectiva de género, durante la renovación de sus próximas autoridades municipales, para garantizar el derecho de acceso a cargos de elección popular en condiciones de igualdad y universalidad.
Mientras tanto, no validó la elección extraordinaria en Santa Catarina Lachatao porque no se respetó el sistema normativo interno de la comunidad y no se garantizó la participación y representación de toda la población de esa municipalidad.
También, hizo un llamado a las autoridades municipales para que en la próxima elección participen los habitantes todas las comunidades y así se garantice la representación de toda la ciudadanía del municipio.
Aprueban sanciones
El Consejo General del órgano electoral aprobó el acuerdo para dar cumplimiento a las sanciones impuestas por el INE por 55 millones de pesos por las irregularidades encontradas en los informes de campaña de los ingresos y gastos de las candidatas y candidatos de los partidos políticos e independientes en las pasadas elecciones.
