El anuncio del nuevo paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para el próximo 1 de junio vuelve a exhibir una de las heridas más antiguas y profundas del país: el fracaso histórico del Estado mexicano para construir un sistema educativo digno, moderno y equitativo, particularmente en las regiones más pobres del sur.
Pero también obliga a revisar, sin romanticismos ni consignas fáciles, las consecuencias que décadas de confrontación magisterial han dejado sobre millones de estudiantes.
La CNTE no apareció de la nada. Surgió entre 1979 y 1980 como una rebelión contra el viejo modelo corporativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, subordinado al régimen priista, pero también como respuesta al abandono sistemático de la educación pública. En entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, miles de maestros daban clases en escuelas sin techos, sin mobiliario, sin caminos y, muchas veces, sin materiales básicos. El Estado mexicano presumía discursos revolucionarios mientras condenaba a las comunidades indígenas y rurales a una educación de segunda categoría.
En Oaxaca, particularmente, la Sección 22 del SNTE terminó convirtiéndose en mucho más que un sindicato. Fue expresión de una realidad social marcada por la pobreza estructural, el rezago histórico y la ausencia gubernamental. Durante décadas, el maestro rural fungió no sólo como docente, sino como gestor, traductor, mediador comunitario y, en muchos pueblos, como la única presencia constante del Estado.
Ese contexto explica buena parte de la legitimidad social que el movimiento magisterial alcanzó en distintos momentos históricos. El problema es que con el paso del tiempo la protesta dejó de ser un mecanismo excepcional y terminó convirtiéndose en una forma permanente de relación política.
Y ahí comenzó otra tragedia.
Porque mientras el Estado abandonaba la educación pública mediante presupuestos insuficientes, infraestructura precaria y reformas improvisadas, la CNTE consolidó una estrategia de presión basada en paros indefinidos, bloqueos y suspensión constante de clases. Entre ambos extremos, los más golpeados fueron siempre los mismos: los alumnos.
La contradicción es brutal. Oaxaca posee una de las tradiciones de lucha magisterial más fuertes del país, pero también enfrenta algunos de los mayores rezagos educativos nacionales. Generaciones enteras crecieron entre calendarios escolares rotos, ciclos incompletos y conflictos recurrentes. Ni el gobierno logró garantizar educación de calidad, ni el movimiento sindical consiguió evitar que el desgaste terminara impactando directamente en los estudiantes y sus familias.
Durante más de cuatro décadas, los gobiernos federales administraron el conflicto en lugar de resolverlo. Prefirieron negociar bajo presión, contener crisis temporales o criminalizar la protesta según la conveniencia política del momento. La educación nunca fue realmente prioridad de Estado. Cada sexenio llegó con una “gran reforma educativa” distinta, pero casi ninguna atacó el núcleo del problema: desigualdad regional, pobreza, abandono rural, corrupción sindical y precariedad escolar.
Mientras tanto, la CNTE también fue endureciendo su lógica interna. El movimiento que nació reclamando democratización sindical terminó, en muchos casos, atrapado en una dinámica donde la movilización permanente se volvió parte de su propia identidad política. El paro dejó de ser último recurso para transformarse en instrumento recurrente de negociación.
Los costos sociales han sido enormes. Oaxaca ha padecido durante años afectaciones económicas derivadas de bloqueos, plantones y protestas prolongadas. Comerciantes, pequeños empresarios, trabajadores turísticos y ciudadanos ajenos al conflicto han resentido una tensión que parece eterna. La protesta se normalizó tanto que la sociedad terminó acostumbrándose a vivir entre marchas, crisis y mesas de negociación interminables.
Sin embargo, sería igual de irresponsable ignorar que muchas de las demandas actuales siguen teniendo fundamento real. Escuelas sin agua potable, aulas deterioradas, déficit de docentes, falta de tecnología educativa y salarios insuficientes continúan formando parte de la vida cotidiana en cientos de comunidades mexicanas. El abandono gubernamental no desapareció; simplemente cambió de discurso.
Por eso el nuevo paro nacional revela algo más profundo que una disputa salarial. Exhibe el agotamiento de un modelo educativo donde gobierno y disidencia llevan décadas enfrentándose sin construir una salida duradera.
México quiere proyectarse al mundo como potencia turística y sede del Mundial 2026, pero al mismo tiempo sigue sin resolver un problema elemental: garantizar educación estable, digna y continua para millones de niños. Esa es la paradoja nacional.
La CNTE tiene razón cuando denuncia el abandono histórico de la educación pública. Pero también debe asumir que parte del deterioro educativo contemporáneo quedó atrapado entre años de confrontación permanente. Y el Estado mexicano, por su parte, carga con una responsabilidad todavía mayor: haber permitido que la educación se convirtiera durante décadas en territorio de improvisación política, clientelismo y crisis recurrentes.
Al final, la gran víctima sigue siendo la misma.
No los gobiernos.
No los dirigentes sindicales.
No los partidos.
Sino los estudiantes que crecieron aprendiendo que en México la educación siempre termina suspendida entre promesas incumplidas y conflictos interminables.
