Citlalli López Velázquez
10 de septiembre 2021// El coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García, se pronunció a favor de la vacuna universal para la población de 12 a 17 años de edad de México, al señalar que la Constitución establece que en toda acción de autoridad y política pública debe privar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
El estado mexicano -dijo- debe superar la visión adultocéntrica y discriminatoria que, a su consideración, ha prevalecido a lo largo de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
En este sentido, el activista a favor de los derechos de la infancia lamentó las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, quien el pasado lunes afirmó que vacunar a la infancia era quitarle la vacuna a una persona adulta, asimismo reprobó que se consideren los amparos a favor de 250 menores de edad, como una estrategia de las empresas farmacéuticas.
“Es importante recordarles que como funcionarios públicos están obligados a cumplir con los mandatos de ley. El artículo cuatro constitucional es explícito al señalar que en toda acción de autoridad y política pública debe de privar el interés superior de la niñez”.
Además de la propia Constitución -expuso- debe considerarse que los marcos normativos como la Ley General de Niños y Niñas, así como la Convención de los Derechos del Niño, establecen que no puede existir ningún tipo de discriminación específicamente por condición de edad.
Por otro lado -añadió- la Cofepris ya autorizó la aplicación de la vacuna Pfizer a partir de los 12 años de edad al igual que otros países los cuales ya comenzaron a hacer la vacuna universal en puntos como Canadá y Estados Unidos como grandes potencias, pero también en países pobres como República Dominicana.
“No hay explicación razonable para la negativa de vacunación niñas y niños de 12 años en adelante cuando así lo soliciten y específicamente si no existe una contraindicación medica para su propia salud”, resaltó Pérez García.
Los amparos otorgados en el país -apuntó- son un recordatorio a las autoridades de que en el país se deben respetar los derechos humanos y priorizar el interés superior de la niñez.
El defensor de derechos enfatizó que deben ser los criterios médicos y no los políticos los que determinen en que casos sí y en cuales no se debe aplicar la vacuna a los menores de edad en tanto es un derecho de niñas y niños al máximo de salud posible.
Finalmente subrayó que el regreso a clases no debe estar sujeto a la vacunación en este sector de la sociedad.
“No hay explicación razonable para la negativa de vacunación niñas y niños de 12 años en adelante cuando así lo soliciten y específicamente si no existe una contraindicación medica para su propia salud”. Juan Martín Pérez García, Coordinador de Tejiendo Redes Infancia en AL y el Caribe
Amparos
250 menores de edad ganaron amparos para recibir la dosis contra el SARS-CoV-2
