La creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición de Personas es un compromiso legislativo pendiente en Oaxaca desde 2019.
A seis años de retraso, familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil exigieron que el proceso iniciado este viernes con el primer foro no se quede nuevamente en el papel y se concrete de manera efectiva.
La iniciativa, respaldada por el grupo parlamentario de Morena, fue turnada a comisiones del Congreso local el 12 de agosto bajo el nombre “Iniciativa para realizar la armonización de las leyes en materia de delito de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y la búsqueda de personas”. Propone reformas a la Constitución Política del Estado, la Ley en materia de Desaparición de Personas y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Durante la presentación realizada en el Congreso de San Raymundo Jalpan, la diputada Analy Peral Vivar explicó que el proyecto contempla la creación de unidades de búsqueda inmediata y de larga data, así como áreas enfocadas en delitos cibernéticos que apoyen en la localización de personas. La propuesta se mantiene abierta a sugerencias para definir otras áreas necesarias, con el fin de dotar a la fiscalía de mayores capacidades tecnológicas y jurídicas.
Entre los puntos discutidos se encuentra la armonización con la Ley Nacional de Búsqueda: la plataforma única de identidad, la base nacional de carpetas de investigación y el fortalecimiento del banco de datos forenses. También se prevé incorporar la declaración especial de ausencia por desaparición, reforzar las obligaciones de las autoridades en la búsqueda y garantizar que el INE permita el acceso inmediato a información biométrica y de identidad.
Los servicios periciales y forenses deberán realizar pruebas de identificación, registrarlas en el banco nacional y alimentar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Asimismo, se establece que la ficha de búsqueda física y digital debe difundirse de manera inmediata y masiva.
La iniciativa también busca sancionar la omisión o demora en la activación de protocolos de búsqueda como falta administrativa grave, obligando a los servidores públicos a garantizar la aplicación inmediata de lineamientos y a solicitar el acompañamiento judicial en los procesos.
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Voces de las familias
Durante el foro, familiares de víctimas advirtieron que esta fiscalía no debe convertirse en un “elefante blanco” y llamaron a asignar personal capacitado y sensibilizado. Señalaron la necesidad de garantizar la colaboración de los municipios en las búsquedas, pues en repetidas ocasiones han enfrentado negativas para ingresar a las comunidades o colocar carteles.
También demandaron que en ninguna decisión —incluida la designación del fiscal— se excluya a las familias, y urgieron acciones inmediatas para evitar que Oaxaca alcance los altos niveles de desaparición que se registran en entidades del norte del país.
En el encuentro participaron representantes del Congreso del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno del Estado y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como las organizaciones Oaxaqueños Buscando a los Nuestros, Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia, Sabuesos Guerreras Oaxaca, Manos Migrantes, Apoyados No Olvidados A.C.
