De los 38 mil 271 trabajadores de base y confianza del gobierno del Estado, alrededor del 15 por ciento, es decir 5 mil 740 empleados, son “aviadores” o marcan su tarjeta de asistencia y no laboran, afirmaron fuentes de la Secretaría de Administración.
Los informantes confiaron que incluso esta cantidad es moderada, porque no existe una estadística sobre el particular.
En el ejercicio fiscal 2016 el órgano fiscalizador federal detectó un presunto daño a la hacienda pública por 460 millones 864 mil 100 pesos, en los recursos del gasto federalizado entregados a la entidad.
La Auditoría Superior de la Federación explicó que estos recursos están integrados por 384 millones 865 mil 600 pesos que fueron retirados de las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y de los que no se acreditó que fueran transferidos a los organismos ejecutores, o en su caso el destino de los mismos.
La Secretaría de Finanzas ha ocultado al Congreso del Estado la contratación del crédito por mil 200 millones de pesos, que le fue autorizada para los trabajos de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos.
Además, este dinero le llegó al Gobierno estatal cuando Bansefi ya había entregado más del 94 por ciento de las tarjetas de reconstrucción a los damnificados de Oaxaca.
El crédito de mil 200 millones de pesos que el Congreso estatal autorizó contratar en deuda para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017, sirvió para el cuarto pago de los recursos que se entregaron a los afectados a través de las tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), “por lo que es probable que se solicite la autorización para contratar un nuevo empréstito porque aun falta aportar la contraparte al Fondo Nacional de Desastres (Fonden), aseveró el secretario de Finanzas, Jorge Gallardo Casas.
Desde hace al menos dos semanas la Secretaría de Finanzas (Sefin) cobra por placas que la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) no está entregando.
La carencia de insumos al interior, también se refleja en las tarjetas de circulación.
Esta situación ha provocado molestias entre la ciudadanía quienes a través de redes sociales denunciaron “fraude” en el programa de Tenencia Cero.
El Comité de Participación Ciudadana incumplió con los plazos fijados en la convocatoria para la selección del Secretario Técnico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Los integrantes de este órgano -que tiene un origen cuestionado por un irregular proceso de conformación-, no presentaron la terna de los aspirantes a ocupar este cargo.
Entre las constantes quejas del rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) de atravesar por una "crisis financiera", la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dió a conocer presuntos desvíos de recursos en la máxima casa de estudios de Oaxaca estimados en 56 millones 108 mil 700 pesos en 2016; además, la supervisión financiera señaló un subejercicio del presupuesto federal en ese año por 36 millones 912 mil 100.
El municipio de Santa Lucía del Camino recibió 25 millones 400 mil 200 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FortamunDF) en 2016, de los cuales no presentó la documentación comprobatoria y justificativa para constatar el destino de dichos recursos, reveló en un reporte la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A pesar de tener diferentes denuncias penales y una orden de aprehensión por robo en su contra, el ex encargado temporal de la gerencia de Liconsa en Guanajuato, Benjamín Rojas Bolaños hace señalamientos de supuestos actos de corrupción.
A fines de 2014, Rojas Bolaños -quien ha sido despedido de todos sus cargos como servidor público en la administración estatal, precisamente por corrupción-, presentó una querella contra un ex funcionario federal, sin embargo los órganos fiscalizadores correspondientes no han encontrado indicio alguno de anomalías.
Al menos 27 dependencias estatales, organismos públicos y gobiernos municipales reprobaron la evaluación final de cumplimiento en sus obligaciones de transparencia.
La Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIP) entregaron ayer al Congreso del Estado su informe anual de labores, en el cual está contenida esta evaluación final elaborada durante el segundo semestre de 2017 a 56 sujetos obligados, de los 110 que integran la Plataforma de Transparencia.
