La Secretaría de la Contraloría señaló que los funcionarios públicos no están obligados a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses al Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana; para que se publique en su plataforma #3de3.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en coordinación con la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, auditan recursos por 20 mil millones de pesos de administraciones pasadas, de las cuales se han turnado 20 expedientes a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción para el fincamiento de responsabilidades penales, informó el secretario de la Contraloría, José Ángel Díaz Navarro.
El Sistema Nacional Anticorrupción requiere que los 5 millones de funcionarios públicos, de los gobiernos nacional, estatales y municipales, se comprometan a mejorar la operación, detección y sanción de actos de corrupción, ya que no solo implica la adopción de nuevos mecanismos de coordinación interinstitucional, afirmó la directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Elizabeth Warfield.
El Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas defendió el valor que tienen las denuncias ciudadanas para componer los problemas provocados por la corrupción o la omisión del gobierno.
Reconoció que el escenario es pesimista, porque a diario se publican escándalos de corrupción, y pareciera que no pasa nada.
A pesar de que el gobierno del estado prometió crear un comité ciudadano de supervisión al plan de trabajo y a los recursos de la estrategia de reconstrucción de las comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017, así como de una plataforma electrónica que permita transparentar la aplicación de dichos montos, hasta el momento ninguno existe.
A la fecha, varias dependencias del Gobierno del Estado y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) no han solventado presuntos desvíos de recursos por más de 11 millones de pesos, cometidos en el ejercicio 2016.
De acuerdo con el informe presentado en marzo de 2018 por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE), este monto corresponde a observaciones que realizó tras la revisión del tercer y cuarto informe de avances de la Cuenta Pública 2016.
La asociación civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza logró identificar diez carpetas de investigación integradas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por el uso de recursos para la reconstrucción del Istmo de Tehuantepec para la compra del voto en el contexto del proceso electoral, informó su coordinador Alberto Serdán.
Señaló también que diversos ciudadanos de la entidad han denunciado la compra de voto, en 500 pesos, y la entrega de despensas en este proceso electoral.
De los 31 candidatos oaxaqueños a una diputación federal solo 4 han presentado sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal en la plataforma 3 de 3.
Y a pesar del exhorto del Instituto Nacional Electoral (INE) a los candidatos para informar sobre sus propuestas políticas en la plataforma Voto Informado 2018, ninguno ha atendido el llamado.
Para la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado no existe aún el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; denunció la Presidenta de éste y del Comité de Participación Ciudadana, María Isabel Chagoya Méndez.
Bajo este argumento, añadió, esta dependencia se ha negado a proporcionarle un presupuesto económico para su operación en este año.
"Finanzas no nos da ninguna solución, Finanzas no nos reconoce, nos dice que no existimos. No reconoce al Órgano de Gobierno del Sistema Estatal anticorrupción", dijo.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) firmó ayer su primer carta de compromisos con los candidatos a senadores de la coalición Por México Al Frente conformada por los partidos Acción Nacional (PAN); de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
Aunque el documento compromete a los candidatos a que, en caso de ganar la contienda del 1 de julio, desarrollarán acciones en lo congresos locales y federales para fortalecer el Sistema Anticorrupción, el hecho de firmarlo no los obliga a ello.
