Hay una escena que se repite con demasiada frecuencia en Oaxaca. Un perro abandonado en una carretera. Un caballo desplomado bajo el peso de una carreta. Un gato envenenado en una colonia. Un video que se vuelve viral, miles de comentarios de indignación y, después, el silencio. La memoria colectiva dura apenas unos días; para los animales, las consecuencias suelen ser permanentes.
En los últimos años, la protección animal dejó de ser una demanda exclusiva de asociaciones civiles para convertirse en un tema de interés público. La discusión ya no gira únicamente alrededor del bienestar de perros y gatos. También incluye fauna silvestre, animales utilizados para trabajo, especies sujetas a aprovechamiento y aquellos que forman parte de los ecosistemas que sostienen la biodiversidad de Oaxaca.
El problema es que entre la legislación y la realidad existe una distancia que todavía parece imposible de recorrer.
Oaxaca cuenta con un marco jurídico que, en el papel, ofrece herramientas importantes. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las disposiciones del Código Penal del Estado, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca, así como diversos reglamentos municipales y normas administrativas, contienen mecanismos para sancionar el maltrato animal, proteger especies y establecer responsabilidades para autoridades y ciudadanos.
El Código Penal contempla sanciones para quienes provoquen lesiones, crueldad o muerte injustificada contra animales, especialmente domésticos, incluyendo multas y penas de prisión cuando existe dolo o extrema violencia. La legislación ambiental también faculta a las autoridades para intervenir cuando exista afectación a fauna silvestre o a los ecosistemas.
Sin embargo, una ley no cambia la realidad únicamente por existir.
La principal debilidad aparece en su aplicación.
Las redes sociales se han convertido, paradójicamente, en el principal "registro ciudadano" del maltrato animal. Basta revisar publicaciones diarias para encontrar denuncias de perros amarrados durante semanas bajo el sol, caballos utilizados en condiciones deplorables, animales atropellados sin atención veterinaria, abandono masivo de cachorros, peleas clandestinas, tráfico ilegal de especies y casos de extrema crueldad que rara vez concluyen con una sentencia judicial.
La mayoría de estos hechos termina archivada entre publicaciones compartidas miles de veces, mientras los responsables permanecen impunes.
No significa que las autoridades permanezcan completamente inmóviles. Durante los últimos años, el Gobierno de Oaxaca ha impulsado campañas de esterilización, jornadas de vacunación, acciones de sensibilización y algunos operativos coordinados con autoridades ambientales para atender denuncias específicas. En el ámbito municipal, particularmente en Oaxaca de Juárez, también se han desarrollado campañas permanentes de adopción, esterilización y atención veterinaria, además de protocolos para rescate de animales en situación de riesgo.
Son esfuerzos valiosos.
Pero insuficientes frente al tamaño del problema.
La protección animal continúa dependiendo, en gran medida, del trabajo voluntario de asociaciones civiles, rescatistas independientes y ciudadanos que financian con recursos propios alimentos, medicamentos, refugios y tratamientos veterinarios. En muchas ocasiones son ellos quienes documentan los casos, presentan denuncias, presionan públicamente y acompañan los procesos legales.
El Estado suele aparecer después.
La verdadera discusión no consiste únicamente en aumentar las penas. México ha demostrado en múltiples materias que endurecer castigos no necesariamente reduce los delitos cuando la probabilidad de ser sancionado sigue siendo baja.
La pregunta es distinta.
¿Cuántas investigaciones llegan realmente a una sentencia?
¿Cuántos municipios cuentan con personal especializado para atender denuncias?
¿Cuántos ministerios públicos poseen capacitación en delitos contra animales?
¿Cuántas inspecciones preventivas existen en mercados, rastros, criaderos o espectáculos donde participan animales?
Las respuestas muestran que todavía queda mucho camino por recorrer.
Oaxaca posee una riqueza biológica excepcional. Es uno de los estados con mayor diversidad de especies del país y también alberga comunidades indígenas cuya relación histórica con la naturaleza constituye un patrimonio cultural invaluable. Resulta contradictorio que un territorio con semejante riqueza ambiental siga enfrentando prácticas normalizadas de abandono, violencia y explotación animal.
También existe un desafío cultural.
Durante décadas, muchas formas de maltrato fueron vistas como costumbres aceptables: animales encadenados permanentemente, jornadas excesivas para animales de carga, abandono cuando dejan de ser útiles o reproducción indiscriminada sin control sanitario. Cambiar esa percepción requiere educación, no únicamente castigos.
La protección animal tampoco puede depender exclusivamente de campañas esporádicas cada vez que un caso se vuelve tendencia.
Hace falta fortalecer fiscalías especializadas, profesionalizar la atención de denuncias, mejorar la coordinación entre municipios, transparentar estadísticas, destinar recursos suficientes para programas permanentes y construir políticas públicas que no terminen cuando cambia una administración.
La ley ya existe.
Lo que aún falta es convertirla en una garantía real.
Porque una sociedad no demuestra su nivel de civilización por la severidad de sus códigos, sino por la forma en que protege a quienes no tienen voz para defenderse.
Y mientras los expedientes avancen más lentamente que los videos virales, Oaxaca seguirá teniendo una legislación prometedora... pero una deuda pendiente con los animales que esa misma ley juró proteger.
