En el inicio del periodo de campañas, la Red de Abogadas Indígenas denunció una tendencia utilitaria de la identidad indígena en las candidaturas.
La red señaló que muchas de las personas que se postulan como candidatas o candidatos bajo el amparo de la acción afirmativa indígena carecen de un vínculo genuino con sus comunidades y de un arraigo con su territorio, entendiendo este último como una amalgama de elementos culturales, espirituales, sociales, políticos, geográficos y familiares, entre otros.
Adicionalmente, señalaron que estas personas no han realizado trabajo comunitario previo, ni han liderado agendas en materia indígena ni impulsado la defensa de los derechos colectivos de los pueblos.
En su posicionamiento público expresaron su preocupación por las recientes designaciones de candidaturas indígenas, señalando que las constancias de pertenencia que se exhiben, en muchos casos, ni siquiera son expedidas por autoridades colegiadas de las comunidades de origen de las personas postulantes. Asimismo, resaltan que estas constancias no siempre otorgan elementos de identidad cultural genuina.
La autoadscripción, un tema analizado exhaustivamente en precedentes judiciales, según la red, debe partir de la ética, la honestidad, el compromiso y el trabajo previo realizado en las comunidades. Demandaron a las autoridades electorales implementar mecanismos efectivos para erradicar la usurpación y simulación que permiten que personas oportunistas ocupen la acción afirmativa indígena, lo cual, según la red, limita la posibilidad de que verdaderos miembros de la comunidad sean electos.
Finalmente, la Red de Abogadas Indígenas demandó respeto por los espacios políticos de la población indígena, así como un alto a la simulación y el fraude a la ley en el contexto de las candidaturas indígenas.
Las acciones afirmativas, explica el Instituto Nacional Electoral (INE) en su página, son medidas compensatorias que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad que enfrentan grupos de personas en el ejercicio de sus derechos, como es el caso de las personas indígenas.
Fue en 2018 cuando el INE implementó por primera vez una acción afirmativa dirigida a personas indígenas para la elección a diputaciones federales, obligando a los partidos políticos a postular personas indígenas en, al menos, 13 distritos electorales. En 2021, se incrementó a 21 distritos y nueve candidaturas en las listas de representación proporcional.
Cabe destacar que el artículo 2° constitucional señala que la conciencia de identidad indígena -autoadscripción- es el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Sin embargo, en materia electoral, la Sala Superior del TEPJF determinó que es necesario que los partidos políticos acrediten que existe un vínculo entre la persona que se pretende postular y la comunidad a la que se adscribe; a lo que se denominó autoadscripción calificada.
Con esto, se busca garantizar que las personas electas por esta acción afirmativa realmente representarán los intereses de las personas, pueblos y comunidades indígenas.
