La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una alerta temprana ante el riesgo de enfrentamientos violentos y actos graves o de imposible reparación en perjuicio de habitantes del municipio de Santo Domingo Teojomulco y de las comunidades Recibimiento de Cuauhtémoc, Río Humo y Lachixao, pertenecientes al municipio de Santiago Textitlán, a causa de un conflicto agrario.
En una comunicación, el órgano autónomo informó que la alerta temprana fue dirigida a la Secretaría de Gobierno (Sego), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a los presidentes municipales de Santo Domingo Teojomulco y Santiago Textitlán, así como a los agentes de Policía de Recibimiento de Cuauhtémoc, Río Humo y Lachixao.
Explicó que la DDHPO requirió a la Sego colaborar para con acciones pertinentes a partir del diálogo y la concertación, en coordinación con otras instancias de gobierno, se atienda el conflicto entre las comunidades de Santiago Textitlán y Santo Domingo Teojomulco.
Detalló que el órgano autónomo solicitó a la SSPC, en coordinación con las instancias de gobierno pertinentes, se establezca un plan de seguridad basado en el respecto a los derechos humanos y en especial, a los derechos normativos internos de ambas comunidades, con la finalidad de garantizar la seguridad, la paz social y el libre tránsito de los habitantes de las comunidades y demás personas en tránsito por esa zona.
De la misma manera, hizo un llamado a las autoridades de los municipios de Santiago Textitlán y Santo Domingo Teojomulco, para anteponer el interés común de la población y el diálogo como medio para solucionar de manera pacífica el conflicto agrario existente entre las comunidades de las dos municipalidades.
La DDHPO dijo que si ocurre algún enfrentamiento u otros actos graves o de imposible reparación, se generará una serie de violaciones a derechos humanos, como lo serían impedir el derecho al libre tránsito, a la legalidad y a la integridad personal, además afectarían también los derechos a la salud, a la educación e inclusive a la vida de habitantes de las comunidades mencionadas.
