El estado de Oaxaca se encuentra listo para hacer historia y cerrar la puerta a los deudores alimentarios y violentadores de mujeres en su aspiración a ocupar cargos de elección popular después de la aprobación del Senado de la República de la ley 3 de 3, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura local, Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz.
Comentó que, con la aprobación efectuada en el Senado de la República, la semana pasada, de la denominada ley 3 de 3 que impide a las personas deudoras alimentarias o que hayan recibido una sentencia por violentar a una mujer, acceder a candidaturas o puestos de trabajo en el sector público, los congresos locales están obligados a homologar sus leyes, “pero Oaxaca ya se adelantó y será de las primeras legislaturas en actualizar la norma”.
Al menos 150 funcionarios públicos han sido identificados como deudores alimentarios morosos e integrados en una lista que será presentada ante el gobernador Salomón Jara Cruz.https://t.co/guLD6bsAwn pic.twitter.com/rYE22Dmril
— Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) February 8, 2023
La legisladora por el Partido del Trabajo (PT) recordó que, en la sesión pasada del 12 de abril, propuso a sus compañeros de la 65 legislatura del estado una reforma constitucional para impedir que deudores alimentarios y violentadores de mujeres puedan acceder a candidaturas en los próximos procesos electorales, la cual fue enviada para su análisis y dictaminación a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales.
#PolíticaSocial| El gobernador del estado @salomonj presentó una iniciativa de reforma constitucional para que deudoras y deudores alimentarios morosos no puedan acceder a cargos públicos o de representación popular en Oaxaca. https://t.co/PzkCHURFhp pic.twitter.com/PahLJhB3ev
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Dijo que con esta reforma se da certeza a víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores en puestos de elección como servidores públicos y se les dice claramente que no volverán a ocupar sus cargos si perpetúan estas prácticas.
La representante popular recordó que la reforma constitucional inhabilita para ocupar cargos de representación popular a deudores alimentarios morosos, a sentenciados por violencia familiar y delitos sexuales, la llamada ley 3 de 3.
La legisladora refrendó su compromiso con las causas de las infancias y de respeto a los derechos de las mujeres, cuyo tema -dijo- es prioridad en su agenda parlamentaria y de trabajo en territorio.