Ante el conflicto postelectoral en el municipio mixe de Santiago Atitlán, que ha originado la expulsión de más de 30 habitantes de una comunidad, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició un cuaderno de antecedentes y emitió una alerta temprana donde requirió una atención integral y efectiva de la administración estatal.
La ombudsperson Elizabeth Lara Rodríguez informó que el órgano autónomo inició la intervención por el riesgo de llegarse a producir daños de difícil o imposible reparación en detrimento de los derechos humanos de los pobladores de esa municipalidad y sus agencias municipales.
Explicó que la DDHPO ha documentado el aumento de la conflictividad en Santiago Atitlán en el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/0056/(14)/OAX/2023 y su acumulado DDHPO/CA/0078/(14)/OAX/2023, especialmente el límite del goce de derechos como al libre tránsito, a la legalidad y a la integridad personal, así como al derecho a la educación, porque las clases han quedado suspendidas como consecuencia de los hechos de violencia.
Detalló que un grupo de personas autonombrado como autoridades municipales acudieron el lunes pasado a la localidad de Santa Cruz para expulsar de sus domicilios a aproximadamente 30 o 40 personas, entre hombres, mujeres, niñas y niños, pertenecientes a Rancho Ardilla y Agua Cañada, a quienes violaron sus derechos al privarles de su libertad y en algunos casos causarles lesiones.
De esta manera, precisó que la DDHPO emitió la alerta temprana ante la eventualidad de nuevos hechos de violencia, por el riesgo de tener desenlaces lamentables y generar una ruptura aún mayor del tejido social.
Por esto, destacó que el órgano autónomo requirió a la Secretaría de Gobierno (Sego) coordinar mesas de diálogo para atender de forma integral la problemática y buscar los mecanismos necesarios para generar las condiciones de convivencia armónica entre los involucrados.
Además, resaltó que la DDHPO solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) establecer un plan de seguridad basado en el respeto irrestricto a los derecho humanos, así como a los sistemas normativos internos del municipio para garantizar la paz social, el libre tránsito y demás derechos humanos, en coordinación con otras instancias de gobierno y la autoridad municipal.
Aparte de esto, subrayó que el órgano autónomo pidió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realizar a la brevedad las acciones necesarias para investigar los delitos cometidos.
También, mencionó que la DDHPO instó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), desarrollar las acciones necesarias en coordinación con otras instancias del gobierno estatal, para brindar con normalidad el servicio educativo en la comunidad.
De la misma manera, observó que el órgano autónomo solicitó al Comisionado Municipal Provisional de Santiago Atitlán, contribuir en generar las condiciones de paz, seguridad y consenso para continuar la vida comunitaria, dentro del ámbito de sus atribuciones legales y en coordinación con otras instituciones gubernamentales, así como con los actores sociales y ciudadanía.
Lara Rodríguez también llamó a los habitantes de Santiago Atitlán, a anteponer el interés común de la población y el diálogo como medio para solucionar el conflicto existente surgido de problemática intermunicipal debido a que no se ha logrado elegir a sus autoridades conforme el procedimiento que marca el régimen de Sistemas Normativos Internos.
