Hay una verdad incómoda que pocos quieren reconocer: toda movilización social tiene un costo. La pregunta no es si debe permitirse o no la protesta —porque en una democracia ese derecho es irrenunciable—, sino quién termina pagando la factura cuando las calles se convierten en el principal escenario de negociación política.
La historia demuestra que muchas de las libertades que hoy se consideran fundamentales nacieron de la movilización ciudadana. El sufragio universal, los derechos laborales, las conquistas sindicales y buena parte de las garantías civiles que sostienen a las democracias modernas fueron resultado de personas que decidieron desafiar al poder desde las calles. Como sostenía el filósofo alemán Jürgen Habermas, la democracia no puede existir sin una esfera pública capaz de cuestionar a las instituciones y exigirles rendición de cuentas.
Sin embargo, reconocer la legitimidad de la protesta no obliga a idealizarla.
La movilización social es una herramienta, no una virtud en sí misma. Su valor depende tanto de sus objetivos como de sus métodos. Y es precisamente ahí donde se encuentra uno de los debates más complejos de la vida pública contemporánea.
Oaxaca ofrece hoy un ejemplo contundente.
Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han vuelto a colocar sobre la mesa demandas que no pueden calificarse como menores. La exigencia de revisar el sistema de pensiones derivado de la reforma al ISSSTE de 2007, las condiciones salariales del magisterio y la desaparición de mecanismos como la USICAMM son asuntos legítimos que merecen atención gubernamental.
Pero la legitimidad de una causa no elimina automáticamente las consecuencias de sus métodos.
Durante las últimas semanas, los bloqueos carreteros, cierres de vialidades, plantones y protestas han generado afectaciones económicas, comerciales y sociales en diversas regiones del estado. Miles de ciudadanos que no participan en el conflicto han visto alterada su vida cotidiana. Comerciantes reportan pérdidas, trabajadores enfrentan dificultades para trasladarse a sus centros laborales, empresarios observan retrasos en cadenas de suministro y ciudadanos comunes quedan atrapados en una disputa de la que no forman parte.
Aquí surge una pregunta que suele incomodar tanto a gobiernos como a movimientos sociales: ¿hasta dónde puede llegar el derecho a protestar antes de comenzar a vulnerar los derechos de otros?
El filósofo británico John Stuart Mill planteó hace más de siglo y medio una idea que sigue siendo vigente: la libertad individual encuentra su límite cuando causa daño a terceros. No se trata de restringir la protesta, sino de entender que en una sociedad democrática ningún derecho puede ejercerse de manera absoluta.
La CNTE sostiene que sin presión no hay diálogo. Y, siendo honestos, la experiencia histórica parece respaldar ese argumento. En México, numerosos conflictos sociales sólo encontraron respuesta institucional después de marchas, bloqueos o movilizaciones masivas. Los gobiernos suelen escuchar cuando el costo político de ignorar una demanda se vuelve demasiado alto.
Pero existe una diferencia entre ejercer presión y convertir la afectación social en una estrategia permanente.
El sociólogo estadounidense Charles Tilly definía la protesta como una forma de negociación política. Su objetivo es modificar una correlación de fuerzas para abrir espacios de diálogo. El problema aparece cuando la negociación desaparece y únicamente permanece la confrontación. En ese punto, la protesta corre el riesgo de dejar de ser un instrumento para resolver conflictos y convertirse en un conflicto por sí misma.
Los primeros beneficiarios suelen ser los liderazgos políticos. Tanto gobiernos como movimientos encuentran oportunidades para fortalecer sus narrativas. Unos se presentan como defensores del orden; otros como representantes de la resistencia social. Pero mientras ambos disputan la opinión pública, quienes absorben los costos inmediatos son los ciudadanos.
El pequeño comerciante que pierde ventas. El transportista que no puede circular. El paciente que no llega a una consulta médica. El trabajador que ve reducido su ingreso diario. La economía informal que depende de cada jornada para subsistir.
Ellos rara vez aparecen en las conferencias de prensa o en los comunicados oficiales.
Tampoco los gobiernos salen indemnes. Cuando un conflicto se prolonga durante semanas sin encontrar solución, la protesta deja de ser únicamente un problema de los manifestantes y se convierte en evidencia de una falla institucional. El filósofo italiano Antonio Gramsci advertía que la verdadera fortaleza de un Estado no radica exclusivamente en su capacidad para imponer autoridad, sino en su habilidad para construir consensos. Cuando una administración sólo responde mediante desgaste, dilación o confrontación, también está perdiendo.
La situación actual de Oaxaca revela precisamente esa paradoja. Por un lado, existe un magisterio que exige cambios estructurales en un sistema que considera injusto. Por otro, una sociedad que comienza a resentir los costos económicos y sociales de una protesta prolongada. Entre ambos se encuentra un gobierno que intenta administrar el conflicto sin resolver completamente sus causas.
Y quizá ahí radique el problema de fondo.
México parece haberse acostumbrado a una lógica perversa donde las instituciones sólo reaccionan cuando las calles se llenan y donde los movimientos sociales consideran que únicamente mediante bloqueos pueden ser escuchados. Es una dinámica que termina desgastando a todos.
Porque cuando una democracia necesita paralizar carreteras para abrir espacios de diálogo, algo está fallando. Y cuando un gobierno necesita esperar a que el conflicto escale para sentarse a negociar, también.
La protesta seguirá siendo una herramienta legítima y necesaria. Lo ha sido a lo largo de la historia y seguirá siéndolo. Pero una democracia madura debería aspirar a algo más que administrar crisis recurrentes. Debería ser capaz de escuchar antes de que las calles estallen.
Al final, la pregunta no es quién tiene razón en el conflicto. La verdadera pregunta es quién está pagando el costo.
Y, como ocurre con demasiada frecuencia, la respuesta parece ser la misma: la sociedad.
