Organizaciones sociales condenaron el asesinato del ex preso político, Álvaro Sebastián Ramírez, el supuesto Comandante Teacher del EPR, y exigieron detener la violencia en contra de los luchadores sociales.
Comuna Oaxaca sostuvo que el gobierno estatal es culpable por omisión en el crimen porque nunca actuó para desarticular o siquiera limitar el poder de los caciques locales en San Agustín Loxicha. “Además, el órgano encargado de perseguir los delitos, desde su existencia como Procuraduría General de Justicia del Estado, renunció a su obligación de perseguir a quienes mantienen el poder con base en la sangre y el terror en esa región”, asentó.
Subrayó que el asesinato de Sebastián Ramírez se suma a los de otros tantos activistas y dirigentes sociales quienes durante esta administración estatal han pagado con su vida el atrevimiento de buscar mejores condiciones de vida para sus comunidades.
Exigió a la FGE el inicio inmediato de la investigación pronta, expedita, imparcial y completa del asesinato que permita juzgar y condenar a los responsables materiales e intelectuales.
“Mientras persista la impunidad en un solo caso, todos los activistas estamos en riesgo. Sin justicia no existirán condiciones para la paz en Loxicha, ni en el resto del estado”, anotó.
A su vez, el Frente Popular Revolucionario (FPR) expuso que el asesinato de Sebastián Ramírez fue un crimen de Estado porque por años las dependencias encargadas de la gobernabilidad y la impartición de justicia han sido lentas, omisas y responsables de la situación del conflicto no solo en San Agustín Loxicha, sino en todos los lugares donde se genera y atiza la violencia con el fin de socavar la organización indígena y popular para acceder a los territorios y sus recursos naturales.
“Nos queda claro que en medio de las disputas de la administración saliente y la entrante, es el movimiento social oaxaqueño el que está en la mira de estos intereses”, indicó.
Mientras tanto, el MULT lamentó el asesinato de Sebastián Ramírez, abatido por las balas asesinas de los enemigos de la paz, de la democracia y de la justicia.
“Sufrimos la pérdida insustituible de un gran activista del movimiento democrático popular y hombre de ideales revolucionarios”, afirmó.
Además, exigió al Estado mexicano el esclarecimiento inmediato y el castigo a los autores intelectuales y materiales.
