Después de 16 horas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) alcanzaron acuerdos con la Sección 22 del SNTE-CNTE en la mesa de trabajo tripartita celebrada en la Ciudad Administrativa Benemérito de Las Américas.
En una comunicación, la gremial dio a conocer que el proceso de diálogo –encabezado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo y el gobernador Salomón Jara Cruz–, terminó con respuestas parciales y con una agenda de seguimiento para continuar revisando las problemáticas específicas presentadas por el magisterio oaxaqueño.
Por ello, sostuvo que la abrogación de la reforma educativa y de la Ley del ISSSTE 2007 resulta fundamental para atender de raíz las afectaciones administrativas y laborales enfrentadas por el magisterio oaxaqueño.
Además, expuso que el restablecimiento de la bilateralidad evitaría la instalación constante de mesas de trabajo sobre temas correspondientes a la operatividad del sistema educativo y a situaciones administrativas, porque devolvería certidumbre, claridad y responsabilidad institucional al funcionamiento educativo en Oaxaca.
Aparte de esto, dijo que si este gobierno se autodenomina de izquierda debe demostrarlo velando por la educación pública, los derechos laborales y la seguridad social de la clase trabajadora.
Mientras tanto, el director general del IEEPO, Emilio Montero Pérez afirmó que en la mesa de trabajo tripartita se alcanzaron acuerdos en materia laboral, educativa y de justicia.
Explicó que en el diálogo se convino el pago del servicio de energía eléctrica para todas las escuelas de educación básica del estado y la instalación de una mesa de justicia para la reparación de daños a víctimas de diferentes procesos.
También, detalló que se abordaron asuntos específicos de cada uno de los niveles educativos, desde Educación Inicial hasta Formadores de Docentes, en seguimiento a acuerdos tomados en la anterior mesa tripartita del pasado 24 de octubre.
De igual manera, destacó que se ratificó la autorización de la recategorización de 103 personas supervisoras y 28 jefas de sector de ese nivel con un financiamiento de 800 millones de pesos autorizados por el gobierno federal, para ser pagados en la primera quincena de febrero del 2026.
