El municipio de San Sebastián Tutla tiene uno de los más altos niveles de desarrollo humano del país, pero esa privilegiada posición la obtiene en perjuicio de las dos terceras partes de los habitantes del municipio, a quienes niega cualquier servicio u obra pública por el simple hecho de ser avecindados, no originarios de la comunidad; la situación es tan grave, que incluso no permite el ejercicio de los derechos políticos de quienes habitan los fraccionamientos, afirma el coordinador del Movimiento Habitantes Unidos de El Rosario, Alejandro Cruz Hernández García.

Autoridades del municipio de Santiago Matatlán señalaron que por la falta de documentación que acredite al ex diputado local, José Vázquez Morales como agente de San Pablo Güilá, esa comunidad no puede recibir los recursos del Ramo 28 y 33 del 2016.
Por ello, el edil de esa población, pertenciente al distrito de Tlacolula, Felipe Mateo Martínez, rechazó que su administración esté reteniendo el monto económico que este año debe de ejercer la agencia y sus nucleos agrarios.

Tras la renuncia del director de investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones, Jaciel Salvador Vásquez Castro, fue designado en su lugar al comandante, Francisco Joel Ginés y subdirector a Pedro Serra Pascual, indicó el coordinador de la corporación policíaca, Antonio Yglesias Arreola.

“Sólo hicimos el enroque con las personas con las cuales estamos trabajando, son comandantes con más de 25 años de experiencia y por ello se les dio la oportunidad de seguir trabajando con una nueva responsabilidad”, precisó.

Lo que era un secreto a voces quedó al descubierto el pasado sábado con el deceso de un menor en un domicilio de Santa María Atzompa.

Al tratarse de un fallecimiento de tipo patológico, sólo personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) fue alertada para presentarse al lugar para iniciar con las diligencias de ley.

Sin embargo, cuando los agentes arribaron al domicilio, lo hicieron acompañados de empleados de una empresa funeraria de nombre La Providencia.

HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- Integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAÍZ) en la Mixteca, exigieron la remoción de la Fiscal General de Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, por la falta de resultados en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, asesinados el 27 de abril del 2010.

Después de más de cinco años, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) acreditó que el ex secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Marco Tulio López Escamilla, violó los derechos de seis agentes de tránsito que protestaron para exigir la entrega de uniformes y un bono de mil 500 de pesos que debió entregarse en el año 2011.

Durante su manifestación, el ex funcionario estatal envió a policías estatales para detenerlos y acusarlos de insubordinación.

Ni la Fiscalía General de Justicia del Estado, ni la Secretaría de Salud, dieron respuesta a la exigencia de la asociación Auxilio al Perro Amigo de Oaxaca (APAOAX), que preside Hilda Toledo, para investigar y castigar la matanza de 24 perros, que ocurrió en el municipio mixteco de San Pedro y San Pablo Teposcolula.