El gobernador Salomón Jara Cruz anunció la creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Oaxaca, dependiente de la Secretaría de Finanzas, como parte fundamental de la estrategia de su gobierno contra la corrupción.
En conferencia de prensa, destacó que tendrá la encomienda de llevar a cabo la investigación y el acopio de información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El gobernador del estado @salomonj anunció la creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial para investigar los desvíos de recursos de ex funcionarios públicos, instruyendo a la @SEFINGobOax para que se retome, a la brevedad posible.https://t.co/vWimGyK3cc pic.twitter.com/Rts0rMR7qK
— Noticias Oaxaca NVI (@nvinoticiasoax) June 20, 2023
“Esta decisión ratifica el compromiso del gobierno que encabezamos con la honestidad, la transparencia, la lucha contra la corrupción y el combate a la impunidad”.
Por su parte, el secretario de Finanzas Farid Acevedo López informó que unidad tiene por objeto llevar a cabo la recopilación y procesamiento de información en materia de prevención de combate al delito de lavado de activos, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes o dinero, que en realidad son productos o “ganancias” de otros delitos.
Comento que será financiada vía el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP), en cuanto a equipamiento y capacitación.
El funcionario público citó entre sus principales atribuciones: la creación de un sistema de información fiscal y patrimonial; generar, requerir, analizar, compilar y consolidar información fiscal y patrimonial para la investigación de hechos posiblemente ilícitos; requerir y obtener información, entre otros, de notarios, corredores, autoridades registrales, notariales y catastrales; coadyuvar con las autoridades competentes en materia de prevención y combate al delito en materia de lavado de activos; crear una lista de personas sujetas a una investigación de hechos posiblemente ilícitos en materia de lavado de activos; alertar a las autoridades de la administración pública estatal competente sobre movimientos fiscales y patrimoniales relevantes; entre otros.
Manifestó que el costo aproximado de implementación de la unidad es de 6 millones para servicios personales, 1 millón para gastos de operación y un costo inicial de equipamiento de alrededor de los 750 mil pesos. “Como bien lo comentamos, estos recursos se pueden obtener vía el FASP”.
