La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) recortó recursos para el acompañamiento legal y psicológico que brindaba a mujeres sobrevivientes de violencias a través del Centro Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef).
El desamparo jurídico derivó en que algunas de las víctimas perdieran sus procesos ante los juzgados, informó en rueda de prensa la organización feminista Lilas y el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV), integrada por beneficiarias afectadas por el recorte.
“Pasados ocho meses de este año seguimos viendo el gran desinterés que existe de parte de las instituciones encargadas de la protección a las mujeres en el estado. Nos siguen llegando casos de mamás que son rechazadas a recibir atención en temas de violencias. Esta desatención las sigue llevando a perder a sus hijas e hijos, enfrentarse a procesos legales en total desamparo e indefensión”, señaló Iliana Acevedo Brena representante en Oaxaca del FNCVV.
Nayeli Martínez Pérez, presidenta de Lilas destacó que a pesar de que existen reglas de operación para brindar orientación y atención especializada a mujeres que viven violencia, esto no se está llevando a cabo en el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas.
En este sentido las usuarias afectadas pidieron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), explicar lo que está ocurriendo en el estado, el cual ocupa el tercer lugar nacional por feminicidio.
“Esto es preocupante y cada día las cifras van en aumento (…) Vamos a seguir emprendiendo acciones para que el Estado voltee a mirar que no se está generando lo que antes se generaba. Anteriormente el Paimef daba acompañamiento a las mujeres, ahora sólo da asesoría y a ciertas mujeres. ¿Qué está pasando en el estado si la violencia ha ido en aumento?”, señaló la activista.
La Directora Ejecutiva de Lilas, destacó que lo anterior refleja una grave omisión del Estado en perjuicio de las mujeres que no tienen la capacidad económica de pagar una abogada para llevar un juicio.
Las instituciones a cargo del estado -expuso- tienen la obligación de dar la asesoría, pero también el acompañamiento e incluso la representación jurídica, pero esto no está ocurriendo.
Citó como ejemplo el caso de una mujer originaria de un municipio de la Costa, a quien le fue se parada de su hija porque no cuenta con recursos para pagar una persona profesional de la abogacía.
“Cuando se trata de derecho de niñas, niños y adolescentes, están en juego su bienestar y el derecho a que sus derechos no sean vulnerados”, resaltó.
