Para terminar con la controversia mediática sobre la “privatización de bienes ejidales y comunales” en Oaxaca, el mandatario estatal Salomón Jara Cruz informó que solicitará al Congreso derogar el artículo 25 de la Ley de Ingresos 2024, que establece estímulos fiscales de 50 por ciento en trámites y servicios que presta la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca (Coreturo) y de 100 por ciento en conceptos catastrales y registrales como parte del Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio.
Al intervenir en el Primer Encuentro Estatal de Órganos de Representación y Vigilancia de Ejidos y Comunidades, expresó que carece de facultades legales para privatizar la propiedad social; y, además, por convicción, por su cultura y porque su origen es de un pueblo originario, no podría hacer esto. “Nunca lo voy a hacer, ni lo permitiré”.
“Hoy quiero refrendar de manera clara y contunden el respeto irrenunciable de nuestro gobierno por la propiedad social y los derechos agrarios de nuestros ejidos y lo voy a decir con toda claridad y fuerte para que se oiga lejos y también para que los medios de comunicación que distorsionan todo lo tengan más claro: para resolver de manera definitiva la controversia generada por los incentivos establecidos en la Ley de Ingresos para el Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, quiero decirles que atendiendo una legítima preocupación vamos a derogar el artículo 25 de la Ley de Ingresos, vamos a eliminar la referencia a los incentivos fiscales”.
Ante funcionarios federales, estatales, comisariados ejidales y comunales, aseguró que por eso va a resolver esto de manera definitiva y se mantendrán los derechos vigentes establecidos en la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca y en la Ley Estatal de Hacienda y difundirán de manera amplia en todas las comunidades y los medios de comunicación que hemos resuelto este tema de común acuerdo.
Jara Cruz manifestó que las publicaciones difundidas sobre la “privatización de la propiedad social” en la entidad fue de “mala leche, terrible, nuestro gobierno de la transformación es congruente y respetuosa, por ello impulsa una política pública de conciliación agraria, como cimiento de la paz entre municipios y comunidades; por esta razón, hermanos y hermanas, negamos rotundamente la distorsión y la desinformación que algunos medios manejaron hace ya algunas semanas, en el sentido de que yo quería privatizar”.
Dijo que con toda firmeza reitera que no busca ni buscará debilitar esta organización social comunitaria tan rica, tan única, que hay en nuestro país, como lo son los comuneros y los ejidatarios.
“Estamos enfocados en remontar rezagos históricos que han frenado el desarrollo de nuestro campo y han vulnerado la cultura de paz entre comunidades, a través de la estrategia de paz territorial trabajamos de manera permanente en una agenda de política pública con los actores involucrados, con representación de los gobiernos estatal y federal, pero también con las comunidades y ejidos, dando prioridad a la dinámica ejidal y comunitaria de la propiedad social, con esquemas de capacitación, talleres, mesas de trabajo y conferencias donde se refrende la importancia de nuestro legado ancestral, cultural y natural, fomentando la cultura de la paz, pero sobre todo con el diálogo directo y el trabajo de territorio que marca el quehacer de este gobierno”.
