Resalta amparo de Corte a familiares de eperristas  | NVI Noticias Pasar al contenido principal
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Resalta amparo de Corte a familiares de eperristas 

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Foto(s): Cortesía
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El amparo de la Suprema Corte de Justicia en favor de familiares de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, miembros del EPR desaparecidos desde mayo de 2007, reitera el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas con vida y la importancia del derecho a la verdad, afirmó la ONU-DH.

También constata, expuso la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que la judicialización de los casos por desaparición en el país sigue siendo una excepción, que las herramientas disponibles de las autoridades son poco conocidas y aplicadas y deja entrever una actitud pasiva de instituciones judiciales frente a las desapariciones, temas que deben ser revertidos.

La Corte resolvió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las Policías del estado y el municipio de Oaxaca son responsables de la desaparición forzada de los dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Al conceder un amparo a los familiares de ambos eperristas la Sedena tendrá que colaborar para aclarar el paradero de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, como parte de las medidas de reparación aprobadas.

 "El día de ayer la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 51/2020 promovido por la hija y hermana, respectivamente, de los señores Reyes y Cruz. En su decisión, la SCJN establece criterios relevantes que ayudan a definir el rol de quienes imparten justicia en temas relacionados con esta importante y dolorosa materia que aflige a miles de personas en México", afirmó la ONU-DH.

 "Se reconoce la gravedad de los actos de desaparición forzada, su enorme impacto particularmente en las víctimas y sus familiares, y la necesidad de fortalecer los mecanismos para combatir esta práctica, retomando la normativa internacional y los estándares adoptados por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

"Reparación integral a las víctimas"  

 La ONU-DH añadió que con el amparo se precisan además criterios para la actuación de quienes imparten justicia en materia de amparo con base en el establecimiento de un estándar de prueba atenuado en la definición de las desapariciones forzadas y se determina que las autoridades de amparo pueden fijar medidas encaminadas a proveer una reparación integral a las víctimas. 

 "Para la ONU-DH esta decisión, sumada a la adoptada con ocasión del Amparo en Revisión 1077/2019 (que reconoció fuerza vinculante a las Acciones Urgentes emitidas por el CED a efectos que se busque y localice a una persona desaparecida), confirma el relevante papel que están llamados a desempañar la SCJN y en general los poderes judiciales como instancias garantes de los derechos de las víctimas del flagelo de la desaparición de personas", sostuvo.

 "La ONU-DH espera que a decisión del día de ayer sea un parteaguas en el quehacer jurisdiccional para las familias que buscan justicia, verdad y reparación".

 En el marco del informe derivado de su visita a México, el CED definió, dentro de las prioridades que debe atender la política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, la necesidad de "remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desapariciones forzadas".

 "La ONU-DH reconoce a las familias de las personas desaparecidas y a quienes les han acompañado y asesorado por más de quince años. Ellas, sumadas a las más de 100 mil familias con algún ser querido desaparecido en México, son el motor que impulsa las acciones de combate a la desaparición en el país".

Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron detenidos por soldados y policías locales en el centro de Oaxaca, y lo último que se supo de ellos es que "probablemente" fueron trasladados en ambulancia al Campo Militar Número Uno en la Ciudad de México.

La detención de ambos militantes fue seguida por atentados que el EPR cometió contra gasoductos e instalaciones de Pemex en Guanajuato, Querétaro y Veracruz, entre julio y septiembre de 2007.

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