La propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales es respaldada por el sector empresarial, siempre que venga acompañada de incentivos fiscales y mejoras en los servicios públicos, señaló Esther Merino Badiola, presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca (AECO).
Indicó que actualmente el sector empresarial enfrenta múltiples dificultades que afectan directamente sus ingresos y operatividad, entre ellas la inseguridad, la recolección irregular de basura, deficiencias en el suministro de agua potable, alumbrado público ineficiente y calles en mal estado.
“Qué bueno que vengan las reformas, pero, ¿y el empresario y la Pyme qué beneficios tienen? Por el contrario, hay trabas para abrir negocios. No se deja de pagar al IMSS, al Infonavit, están las constantes supervisiones. No es recíproco lo que como patrón recibimos del gobierno frente a lo que se espera que demos al trabajador”, expresó.
Merino Badiola recordó que recientemente se han hecho reformas significativas en materia laboral, como la ampliación del periodo vacacional y el incremento al salario mínimo. Desde enero de 2023, la Ley Federal del Trabajo establece un mínimo de 12 días de vacaciones al cumplir el primer año laboral, en lugar de los seis que se otorgaban anteriormente. Asimismo, a partir del 1 de enero de este año, el salario mínimo general pasó de 248.93 a 278.80 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) aumentó de 374.89 a 419.88 pesos diarios.
Durante las actividades del Día Internacional del Trabajo, celebrado el pasado 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de mesas de diálogo para avanzar hacia la reducción de la jornada laboral, con la meta de que esta medida entre en vigor en enero de 2030 para todos los trabajadores del país.
No obstante, la dirigente empresarial advirtió que la reforma podría tener un impacto directo en los costos de producción y, por ende, en los precios al consumidor final. “Así funciona: el impacto será para todos, porque todos somos consumidores. A esto se suma que no hay personas que quieran trabajar y que las ventas están bajas”, afirmó.
Merino consideró que el panorama es complejo, pues, aunque algunas empresas podrán adaptarse a los nuevos requisitos, otras podrían verse obligadas a cerrar. “Habrá quien pueda pagarlo y habrá quien tenga que cerrar. Esa es la realidad”, concluyó.
