Ana Lilia Pacheco
De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) tiene registrados 14 expedientes, entre quejas y cuadernos de antecedentes, en lo que va del 2022, relacionados con inconformidades de Personas con Discapacidad (PCD).
Muestra que las dependencias que han sido señaladas son el Instituto Estatal De Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que han vulnerado sus derechos a petición y pronta respuesta, a la educación e integridad personal.
El acceso a la educación es uno de los derechos más importantes para el desarrollo de las personas ya que esto es previo al descubrimiento de habilidades y al despliegue de destrezas tanto individuales como colectivas; sin embargo, las personas con discapacidad en México, se enfrentan con aquellas barreras estructurales en el desarrollo de su educación.
Además de que algunas prácticas discriminatorias pueden influir desde la educación inicial y que estas impactan en otros ámbitos, tales como el social y el laboral, a raíz de una desigualdad de conocimientos, habilidades y competencias con las cuales se es posible tener acceso a un campo laboral de mayor calificación.
Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) revelan que dos de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir y es que aunque se esté ampliando el sistema educativo, este solo se ha visto reducido en un porcentaje mayor en personas sin discapacidad.
Cabe señalar que en 2008, México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se convirtió en el primer instrumento a nivel internacional enfocado en la protección de los derechos de este grupo de población.
Dicha Convención tiene por objeto generar un cambio en la forma de considerar socialmente a las personas con discapacidad, por lo que la protección a estas se encuentra regulada por los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.
Por su parte, ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece las condiciones mínimas en las que el Estado debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
