Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concreta la inaplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa, los gobiernos estatales, entre ellos de Oaxaca, padecerán el impacto de la probable liberación de personas sujetas a proceso por delitos graves, pero además podrían volver a las calles para desatar una ola de violencia a fin de recuperar su influencia y territorios, recrudeciéndose la guerra entre cárteles y comprometiendo la seguridad nacional, sostuvo ayer el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz.
En conferencia de prensa, dijo que también se expondría la vida y seguridad de víctimas, testigos, jueces, ministerios públicos y elementos de las fuerzas de seguridad que han sido honestos y no se han dejado corromper.
La noche de este lunes, tuvimos cuatro reuniones estratégicas con las y los integrantes del Gabinete Social, Sectorial de Seguridad y Justicia, de Infraestructura y Legalidad.
Seguimos innovando y creando estrategias que promuevan el desarrollo social, la igualdad, un Estado de… pic.twitter.com/o03SkJaRAy— Salomón Jara Cruz (@salomonj) April 23, 2024
“Hago un llamado a ministras y ministros a no aprobar lo que sería un gran retroceso en materia de seguridad y justicia; la Suprema Corte debe dejar de estar haciendo politiquería y debe concentrarse en garantizar justicia pronta y expedita, y supervisar el desempeño de juzgadores y eliminar la corrupción en el Poder Judicial federal”.
Manifestó que las implicaciones de una decisión de esta magnitud serían muy graves para la mayoría de los estados de la República, toda vez que la prisión preventiva fue una medida de carácter excepcional que se hizo necesaria para detener la violencia y la impunidad y dar respuesta a las exigencias y demandas de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
“Por ello preocupa que ministras y ministros quieran anular este mecanismo y dejar a criterio de los jueces la revaloración de la situación jurídica de miles de delincuentes que han lastimado a la sociedad”.
El titular del Poder Ejecutivo estatal sostuvo los estados del país sería los primeros en sufrir el impacto de la liberación de personas sujetas a proceso por delitos como el homicidio, violación, secuestro, pederastia, abuso infantil, feminicidio, robo a transporte, huachicoleo, portación de armas y explosivos, narcotráfico y delincuencia organizada.
Por otra parte, convocó a los legisladores federales a actuar con convicción y compromiso para aprobar, lo más pronto posible, la reforma que permitirá garantizar una pensión justa y digna a todas y todos los trabajadores. “La consolidación del Sistema de Pensiones Bienestar es una de las grandes asignaturas pendientes de cara al futuro y también uno de los temas que debemos trabajar con una perspectiva federalista”.
