En el 2023 los órganos jurisdiccionales, es decir el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado mantuvieron un nulo vínculo y deliberación con la sociedad civil, de acuerdo a la Métrica de Justicia Abierta 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la organización internacional World Justice Project (WJP).
De acuerdo al documento, en términos generales los tribunales electorales estatales obtuvieron el puntaje más alto, mientras los tribunales laborales observaron el más bajo, en estos rubros.
Oaxaca obtuvo 0 puntos en los subíndices Deliberación con la Sociedad Civil y en Vínculos con la Sociedad Civil; además, de 0.35 en Transparencia Jurisdiccional y 0.53 en Apertura de Procesos de Justicia.
Señala que los subíndices Deliberación con la sociedad civil y Vínculos con la sociedad civil forman parte de lo que, en la práctica de gobierno abierto, se llama cocreación.
“Este campo es más estrecho en el ámbito jurisdiccional y, sin duda, es el ámbito de apertura con mayores áreas de oportunidad para las Judicaturas estatales y federales. Existen casos, tales como los que resuelven sobre violaciones graves de derechos humanos, sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, o sobre amparos colectivos, que ameritan que la deliberación jurisdiccional considere la opinión de personas expertas, de integrantes de la sociedad civil, o de otros interesados, que puedan emitir una opinión técnica que amplíe el conocimiento y la reflexión judicial. Aunque no necesariamente es posible que en todas las resoluciones participe la ciudadanía, es indispensable abrir la puerta a la cocreación para los casos en los que esta detona el ejercicio de los derechos fundamentales”.
El estado de Oaxaca obtuvo un promedio de 0.22 en estos cuatro criterios del Módulo de Apertura Institucional, por debajo de la calificación promedio global del que es de 0.26.
Apunta que, sin embargo, la divergencia de los puntajes obtenidos por sujeto obligado es notoria y visible cuando se observa que el Poder Judicial de Coahuila obtuvo el puntaje más alto, de 0.81, seguido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 0.73, y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, con 0.70.
En el otro extremo se encuentran múltiples sujetos obligados con un puntaje de cero, incluyendo al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, a los órganos jurisdiccionales en materia laboral de Baja California Sur, Guerrero, Colima, Tabasco, Aguascalientes, Durango y a los tribunales de justicia administrativa de Tlaxcala, Durango y Yucatán.
Subraya que existe una agenda pendiente en cuanto al vínculo y a la construcción de agendas compartidas entre órganos jurisdiccionales y organizaciones sociales, grupos ciudadanos e instituciones académicas. La interlocución con la ciudadanía directamente vinculada con la deliberación judicial, visible en la existencia de criterios para guiar la convocatoria y recepción de los amicus curiae, así como la evidencia de su uso, es precaria con apenas puntajes de 0.03 y 0.10, respectivamente.
“Esto es preocupante, si se toma en cuenta que la mirada y análisis del contexto en un país con altos índices de violencia, como México, es obligatoria y es indispensable para emitir resoluciones justas y no revictimizantes para las personas. A su vez, la falta de los canales de interlocución en el ámbito jurisdiccional implica que las resoluciones judiciales dejan fuera información útil emitida por personas expertas de otras disciplinas con la finalidad de orientar y enriquecer la deliberación judicial”.
