Ante el nuevo crimen contra un defensor del río Verde, un grupo de más de 500 organizaciones civiles y personas se sumaron al pronunciamiento de la Iniciativa Global para los Derechos de los Pueblos Indígenas/ Indigenous Peoples Rights International (IPRI-México), para reclamar al Estado mexicano adoptar las medidas suficientes para garantizar condiciones de acceso a la justicia a la comunidad de Paso de la Reina, Santiago Jamiltepec.
En una comunicación, el IPRI dio a conocer que el activista Filogonio Martínez Merino, asesinado el miércoles pasado, se desempeñó como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina, entre 2008 a 2011 y defensor del río Verde durante 15 años ante la intensión de imponer el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y el Proyecto Río Verde.
Además, expuso que fue agente municipal cuando asesinaron a los 5 defensores del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz, a principios del año 2021.
Observó que Martínez Merino solicitó incorporar a toda la comunidad en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, sin embargo, la respuesta fue tardía porque hasta ahora las medidas de resguardo no se han implementado a cabalidad.
De esta manera, exigió la protección efectiva de las comunidades bajo asedio por medio de acciones de coordinación interinstitucionales a fin de generar condiciones para el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Además, observó que las comunidades deben contar con análisis de riesgo apropiados, con planes de protección acordados con ellas y que sean implementados en su totalidad.
Para esto, mencionó que las autoridades de procuración de justicia deben dar seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes emitidas por las organizaciones de sociedad civil para evitar la impunidad.
De la misma manera, reclamó la debida integración de carpetas de investigación que agoten todas las líneas de investigación en cada uno de los casos denunciados.
Aparte de esto, el IPRI ofreció su solidaridad a los pobladores de Paso de la Reina en su camino y para exigir justicia a las víctimas.
