El 28 de abril de 2022, el Cabildo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez turnó a comisiones el punto de acuerdo en el que se propone realizar convenios para implementar los operativos denominados Conduce Sin Alcohol, mejor conocidos como alcoholímetros.
Un año después, esta propuesta sigue sin aprobarse ni implementarse en la capital, por lo que el número de siniestros viales en la capital se mantienen.
El Regidor de Salud y proponente, Pablo Alberto Ramírez Puga Domínguez, mencionó que estos convenios de colaboración se realizarían con la Dirección General de la Policía Vial Estatal y los Servicios de Salud de Oaxaca para “fomentar la colaboración multisectorial para incidir en la disminución de muertes y discapacidades, a través de la implementación de operativos denominados conduce sin alcohol”.
Expuso que los convenios consistirán en que se le proporcione al Ayuntamiento materiales y capacitaciones para las personas que estén encargadas de estos lugares que se coloquen en la capital.
El Regidor de Salud subrayó que este programa se desarrolló para prevenir siniestros viales, además de accionar la prevención.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en mayo de 2022 también contempla medidas obligatorias en todo el país como los alcoholímetros permanentes para así acabar con las muertes provocadas por incidentes viales.
La ley señala que los municipios y estados deberán implementar el alcoholímetro y el límite será de 0.25 miligramos por litro (mg/l) y 0.1 mg/l para motociclistas.
Además de que en el caso de vehículos de transporte de pasajeros y carga no serán operados bajo ninguna concentración de alcohol, por lo que en caso de que los choferes que sean sorprendidos bajo influjo de alcohol o cualquier droga, perderán licencia de manejo por no menos de un año, y seis meses en caso de conductores de transporte público o carga.
A pesar de que la ley ya fue aprobada, en el estado y la capital aún no se han actualizado las reformas a las leyes de movilidad y vialidad que existen actualmente, lo cual afecta la integridad de la ciudadanía, pues no hay regulación de vehículos, velocidades y en este caso programas.
