Oaxaca, débil en materia de Estado de Derecho: World Justice Project | NVI Noticias Pasar al contenido principal
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Foto(s): Cortesía

Oaxaca, débil en materia de Estado de Derecho: World Justice Project

Luis Ignacio Velásquez

Luis Ignacio Velásquez

 

Oaxaca registra debilitamiento en el Estado de Derecho, sobre todo en los límites en el ejercicio del poder, actos de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales y justicia civil, por lo que ocupa el lugar 20 en el ranking Índice de Estado de Derecho (IED) en México 2021–2022 de la organización World Justice Project (WJP).

En un puntaje de 0 a 1, la entidad oaxaqueña registra 0.39 puntos, lo que representa una variación de -0.1 puntos respecto al periodo inmediato anterior, es decir 2020-2021.

De los ocho factores que se miden para el índice, Oaxaca presenta puntajes menores a la media nacional por lo que ocupa los lugares más bajos de la tabla en Limistes al Poder Gubernamental (23), Ausencia de Corrupción (21), Gobierno Abierto (31), Derechos Fundamentales (24), Cumplimiento Regulatorio (21) y Justicia Civil (30).

Los únicos factores en los que la entidad se ubica por arriba del promedio nación son Orden y Seguridad (11) y Justicia Penal (7).

El documento subraya que los puntajes de esta edición continúan mostrando un estancamiento, e incluso un deterioro, en materia de Estado de Derecho en los distintos estados del país. Los puntajes generales cayeron en 14 entidades (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco).

Mientras subieron en seis (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas), y permanecieron sin cambio en 12 (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).

Señala que estos cambios se explican en gran medida, por tres tendencias. La primera es un debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y un cierre del espacio cívico. La segunda, es un deterioro en los sistemas de justicia penal. La tercera es la falta de avances en materia de anticorrupción.