Una alianza de más de 200 comunidades y organizaciones civiles de Oaxaca y de otras 18 entidades del país demandó a las bancadas de los diferentes partidos políticos en la Cámara de Diputados y del Senado de la República no impugnar la Ley Minera, sino por el contrario tomar todas las medidas necesarias para que entre en vigor cuanto antes por la importancia de los derechos reconocidos.
En un pronunciamiento, difundido por la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, sostuvo que las reformas a la Ley Minera son muy importantes y significativas, sobre todo, en el terreno del goce efectivo de los derechos humanos obligados a respetar y a garantizar por el Estado mexicano en su favor.
Entre otras medidas que son grandemente positivas –anotó–, está en que la minería deja de tener preferencia sobre las actividades productivas propias que por siglos han sostenido la economía de sus territorios y sus regiones, lo que les permitirá gozar de un medio ambiente sano.
Subrayó que estas nuevas disposiciones también contemplan no otorgar una concesión minera donde exista escasez de agua y tampoco en las áreas naturales protegidas, así como en lugares donde se ponga en riesgo a la población.
Además, resaltó que resulta relevante la obligatoriedad de obtener el consentimiento, después de una consulta previa, libre e informada antes de otorgar alguna concesión en sus territorios.
“La lucha a costado vidas humanas”
De esta manera, requirió valorar seriamente la situación de deterioro social y ambiental ocasionado por la actividad minera, así como el contenido de estas reformas y su innegable impacto positivo sobre los derechos humanos, en la protección de las personas y en el medio ambiente.
“Señoras legisladoras y señores legisladores, desde las comunidades les decimos que la lucha ha sido larga, ardua y ha costado incluso vidas humanas”, asentó.
Ante esto, llamó a los legisladores a no impugnar la Ley Minera y avanzar en una reglamentación adecuada para la pronta implementación de las reformas.
“Los logros con las reformas, para nosotros se traducen en una armonización del marco legal para proteger a las personas y el medio ambiente, garantizar nuestros derechos y recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos que pertenecen a todas y todos los mexicanos, quienes además deben poder decidir sobre el destino de sus territorios”, finalizó.
El documento está firmado por comunidades y organizaciones de Oaxaca, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
